Redacción
Distrito Federal. 20 de enero de 2015.- La Legislatura Federal instaló un grupo de trabajo para investigar contratos del gobierno federal con empresas del grupo Higa, propiedad del tamualipeco, Juan Armando Hinojosa, vinculado con la venta de viviendas a la actriz Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, lo que representaría un conflicto de interés, en tanto que era uno de los principales contratistas del gobierno mexiquense en el sexenio peñista, y ahora lo es del gobierno federal.
Este martes, los legisladores del PAN, Marcelo Torres Cofiño, y los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), instalaron este grupo de trabajo, aunque está pendiente la solicitud presentada en diciembre pasado, que pretende crear una comisión de investigación sobre los contratos suscritos por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria con el Grupo Higa.
En conferencia de prensa, los legisladores federales integrantes del grupo de trabajo, se pronunciaron porque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) apruebe la creación de esa comisión, aunque consideraron que deberá ser el Pleno quien decida finalmente al respecto.
Por ahora, el grupo de trabajo desarrollará las investigaciones sobre el tema para que, una vez que se decida sobre la creación de la comisión de investigación, ésta tenga elementos para trabajar y entregar un informe antes de abril próximo.
Huerta Ladrón de Guevara expuso que la dirección de asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados “determinó (en días pasados) que la Jucopo será la que autorice o no la creación de dicha comisión”.
Por su parte, Belaunzarán Méndez consideró que esclarecer el tema sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del gobierno federal “es una razón de Estado”. “Para poder establecer una política correcta anticorrupción, es correcto que esta cuestión se aclare”, subrayó.
En tanto, el vicecoordinador legislativo del PAN, Torres Cofiño manifestó que la creación de este grupo de trabajo es una respuesta ante el “clamor social de obtener la verdad histórica y jurídica de los hechos que han salido a la luz pública respecto de operaciones celebradas entre la empresa Higa con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal”.
