Redacción
Distrito Federal. 23 de octubre de 2015.- Ante la negativa de la justicia mexicana por suspender la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco -considerada la mayor obra de infraestructura en el sexenio-, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención y protección ante los daños que consideran generaría dicho proyecto aeroportuario en pueblos originarios de Texcoco y San Salvador Atenco.
El movimiento de ejidatarios de San Salvador Atenco, que echó abajo el proyecto aeroportuario en el sexenio de Vicente Fox, relató a la CIDH que los órganos jurisdiccionales han determinado su negativa a suspender las obras de infraestructura del nuevo aeropuerto, bajo el argumento de que es mayor el interés de la sociedad en la realización del proyecto que el perjuicio que va a generar en nuestros pueblos.
La petición presentada ante la CIDH recoge las demandas de los pueblos Santa Isabel Ixtapa, San Cristóbal Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac, San Salvador Atenco, Zapotlán, Colonia Francisco I. Madero, La Magdalena Panoaya, San Andrés Riva Palacio, San Miguel Tocuila, Santa Cruz de Abajo, San Felipe, Colonia Nezahualcóyotl, San Luis Huexotla, San Bernardino y Santiago Cuautlalpan, que en su conjunto piden al organismo internacional medidas cautelares.
“¿Cómo es que los pueblos originarios, acostumbrados a la vida en el campo, podamos vernos reflejados en un proyecto de primer mundo, si nuestras condiciones de vida son de un país tercermundista? Pues no contamos con los servicios esenciales médicos e infraestructura hospitalaria, educativa, seguridad pública y empleos, aun estando a escasos 35 kilómetros de la capital mexicana”, detallan en su comunicación hacia la CIDH.
El movimiento de Atenco, ahora con una movilización menos mediática, insiste en que la construcción del aeropuerto impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, traería consecuencias negativas a sus actividades rutinarias, por lo que exigen se tomen medidas cautelares como parte de que están siendo violados derechos humanos por la afectación de su entorno.
“Estas condiciones que ha generado el proyecto hacen que nuestros derechos elementales a la vida sean violentados, además de provocar la ruptura del tejido social, lo que provoca que el futuro de nuestros pueblos sea incierto y que de manera sistemática pasemos de ser dueños de nuestro territorio que por siglos hemos construido a no figurar más en ningún espacio”, concluye el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
