Redacción
Toluca, Edomex, 23 de marzo de 2021.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación de oficio derivado de una denuncia publicada en medios sobre la presunta extorsión de que son víctimas algunas personas privadas de la libertad (PPL) en el área femenil del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Derivado del expediente abierto, la Codhem solicitó medidas precautorias en favor de las internas afectadas, en tanto personal de las visitadurías generales de Supervisión Penitenciaria y de Atención Especializada se trasladó a las instalaciones del penal para llevar a cabo las entrevistas y las diligencias correspondientes para salvaguardar sus derechos humanos, su integridad y seguridad.
En la víspera, internas del penal estatal de Santiaguito, hicieron un llamado a las autoridades competentes para frenar la presunta actuación de una organización de mujeres privadas de su libertad, quienes presuntamente extorsionan al resto de la población, con cantidades que van de los 500 a mil pesos semanales como protección de su integridad física.
La denuncia difundida en medios, advirtió que las amenazas de agresión física habría generado el temor de las víctimas, quienes señalaron como responsables de dicha acción a las internas Maritza Yáñez Hernández, Tatiana Cristina Porras Rosas y Sonia Fuentes, junto con otras mujeres que serían las agresoras.
En la misma acusación, las internas sostuvieron que existiría una complicidad del director del centro penitenciario de “Santiaguito”, Julio César Bastida Cigala, así como del Jefe de Seguridad, quienes a pesar de las denuncias presentadas han sido omisos para evitar que continúes las extorsiones y agresiones en su contra.
En el contexto del Cuarto Informe Especial Penitenciario de la Codhem, enfocado a la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en la infraestructura carcelaria estatal, el Organismo ha advertido las problemáticas que obstaculizan la defensa efectiva de sus derechos fundamentales, así como las medidas a implementar para garantizarlos, ya que las condiciones prevalecientes las convierten en sujetos en alto grado de vulnerabilidad.
La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria señala que prácticas ilícitas como las denunciadas, en las que se presume extorsión, ponen en total riesgo la estancia segura en los penales, siendo obligación de la autoridad resguardar el orden y la integridad de las PPL; de ahí que ante la información publicada, personal de la Codhem se trasladara de inmediato al penal y solicitara medidas precautorias para proteger a las denunciantes.
La Defensoría de Habitantes ratifica su postura respecto al deber del Sistema Penitenciario Estatal de adoptar medidas urgentes para proteger los derechos humanos a la integridad, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, al nivel de vida adecuado, al trabajo remunerado, a la vinculación social y, en particular, la obligación de las autoridades a velar por el interés superior de las y los menores que viven con sus madres en reclusión.
