Redacción
El gobernador Eruviel Ávila Villegas incumplirá el compromiso de eliminar la tenencia vehicular en el Estado de México, pese haber sido una promesa de la campaña electoral, la cual supuestamente también habría sido firmada ante notario público, estrategia utilizada por su antecesor Enrique Peña Nieto.
A pesar de que una de las principales propuestas de campaña electoral de Eruviel Ávila era la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, todo apunta que la misma no se cumplirá, aunque el costo político pretende eximir al mandatario mexiquense de extracción priísta.
Dentro de la Ley de Ingresos propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, se propone subsidiar el impuesto sobre tenencia vehicular, sin embargo, lo cual implicaría dejar de captar recursos por cerca de 3 mil 500 millones de pesos. En la última semana, legisladores priístas han expresado la necesidad de mantener el impuesto de tenencia vehicular para autos de lujo -con valor superior a los 400 mil pesos-, lo que permitiría recaudar cerca de 400 millones de pesos.
Aunque los diputados mexiquenses han manifestado que -a partir de su valoración legislativa- se debe mantener el impuesto de tenencia vehicular, ha trascendido al interior de la Cámara de Diputados local, que ha sido la Secretaría de Finanzas estatal quien instruyó mantener dicho gravamen para determinados contribuyentes. La pretensión es recaudar de 220 millones de pesos para personas morales y 181 millones de pesos para personas físicas.
A pesar de la mayoría legislativa que mantiene el PRI en la Legislatura del Estado de México, parece inverosímil que sea la propuesta de un solo diputado la que imponga la decisión de mantener el impuesto de tenencia vehicular para casos específicos, por encima de la propuesta realizada por el gobernador de la entidad Eruviel Ávila Villegas. En el fondo, lo que se busca es evitar los costos políticos para el mandatario mexiquense y su partido político, de cara a los comicios federales y locales del año entrante.
La propuesta para mantener el impuesto de tenencia vehicular ha sido atribuida al legislador del Partido Socialdemócrata Antonio García Mendoza -de filiación priísta y ex líder del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios- a efecto de que sea él y el desaparecido partido político al que dice pertenecer, quienes asuman el costo político de la decisión.
La simulación legislativa
Ésta no es la primera ocasión de la actual legislatura, en la que el PRI utiliza a legisladores de otras fracciones legislativas para proponer iniciativas de Ley controvertidas.
En 2009, el legislador de Movimiento Ciudadano, Horacio Jiménez propuso una iniciativa para reformar la actual integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. La propuesta sugería que el Consejo de la Judicatura pasara de cinco a siete magistrados como sus integrantes, que se desaparezca la figura de Presidente, y que la designación de esos miembros corra a cargo del Ejecutivo, del Legislativo y del propio Poder Judicial.
La iniciativa salió de las oficinas del entonces secretario general de gobierno Luis Miranda Nava -durante el mandato de Peña Nieto-. Sin embargo, ante la legislatura fue presentada por Horacio Jiménez quien sistemáticamente ha votado a favor de las iniciativas promovidas por el PRI, aún cuando van en sentido contrario a los estatutos o la posición política de su partido.
En 2010, el entonces diputado del Partido Verde Ecologista, Adrián Fuentes Villalobos, presentó la denominada «Ley Peña» que proponía eliminar las candidaturas comunes -que cerró el paso a una posible alianza electoral entre PRD y PAN para 2011-. El costo político lo asumió el Partido Verde, aunque también la iniciativa se redactó en su momento en las oficinas de Luis Miranda, y revisada por el equipo jurídico de Peña Nieto. Hoy, Adrián Fuentes -presunto autor de la iniciativa de Ley- es secretario de Desarrollo Económico de la administración de Eruviel Ávila.
