Israel Dávila
Toluca, Edomex. 7 de junio del 2022.- En los últimos meses de la administración que encabezó Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, el Congreso mexiquense autorizó al titular del Ejecutivo para entregar a la iniciativa privada — mediante la figura de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)– la tarea de mantener y conservar en buen estado las vialidades y carreteras del territorio estatal.
Tras un concurso de invitación restringida, las autoridades mexiquenses adjudicaron al consorcio integrado por la empresa Prodemex, de Antonio Boullosa, y Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa, — compadre de Peña Nieto— el contrato para que durante 20 años se hicieran cargo de mantener en óptimo estado las carreteras y vialidades de la entidad.
Sin embargo, el contrato original ha sufrido modificaciones y en lugar de que la tarea de conservar mantener las carreteras y vialidades estatales en buen estado por parte de este consorcio concluyera el 23 de febrero del 2031, como inicialmente estaba programado, ahora se tiene previsto su terminación hasta el 30 de septiembre del 2032.
Estas modificaciones al contrato incluyeron un ajuste en el número de vialidades encargadas, pues en lugar de 70, que se tenían programadas inicialmente, finalmente quedaron 56, de las cuales 37 son vías primarias y 19 son carreteras.
El monto que se había pactado pagar durante los 20 años de duración del contrato era superior a los 9 mil millones de pesos, pero con las modificaciones hechas al contrato quedó en casi 8 mil millones de pesos, más IVA y sujeto a ajustes inflacionarios.
Los ingresos del consorcio
Hasta mayo del 2021, el gobierno del Estado de México había desembolsado 4 mil 702 millones 587 mil 550 pesos, que se habían depositado a la Empresa Mexiquense Conservadora de Carreteras S. A. de C. V, que conformaron Prodemex y Teya para cumplir este contrato.
En un inicio, se contemplaba que los pagos anuales que haría el gobierno del estado por concepto de contraprestación por los servicios ofrecidos por el consorcio, serían de entre 450 y 500 millones de pesos, pero estos han ascendido en los últimos tres años a más de 650 millones de pesos anuales.
Si se toma en cuenta que aún quedan diez años más de contrato, la empresa estaría recibiendo más de 6 mil millones de pesos adicionales a los 4 mil 700 que ya recibió, lo que significa que en total, sus ingresos serían superiores a los 10 mil millones de pesos.
El contrato también fija las condiciones en que se deben realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de las vialidades; no solo se trata de mantener en optimas condiciones la cinta de rodamiento, sino también el drenaje pluvial, y agua y el alumbrado.
Además, la empresa está obligada a tener en operación un teléfono de atención al usuario las 24 horas del día y los 365 días del año para recibir quejas y recomendaciones sobre el estado de las vialidades.
Las vialidades a cargo de este consorcio son Paseo Tollocan, Avenida Tecnológico, Calzada del Pacífico, Alfredo Del Mazo, Díaz Mirón y López Portillo, todas ellas en el Valle de Toluca; además de Vialidad Mexiquense, Vía López Portillo, Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte) en carriles centrales y laterales; la Gustavo Baz, Avenida Ceylan, Avenida Central y Periférico Oriente, entre otras, en el Valle de México.
En gran parte de estas vialidades, la cinta de rodamiento no es la mejor, en unas hay baches o se encuentran parchadas. En otras, el mantenimiento prácticamente es inexistente.
Sanciones mínimas por incumplimientos
A pesar de que en el contrato también se establecen sanciones a la empresa por incumplimientos y hasta se determina la rescisión del contrato, en la actualidad, el gobierno solo ha hecho efectivo el cobro de poco más de 10 millones de pesos por concepto de sanciones “por incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos en el contrato”.
Las sanciones nunca han sido superiores al millón 650 mil pesos al año, frente a los casi 700 millones que se reciben de contraprestación.
En 2013, el consorcio no fue sancionado, en 2014, la multa fue de 990 mil 223 pesos que se hizo efectiva a través de la garantía que anualmente debe dejar la empresa a la Junta de Caminos.
En 2015, la sanción fue de 1 millón 343 mil pesos; para 2016, fue de un millón 451 mil pesos; en 2017 de un millón 541 mil pesos; en 2018 de un millón 586 mil pesos; en 2019 de un millón 633 mil pesos; para 2020 fueron un millón 623 mil pesos y hasta mayo del año anterior se había impuesto una multa de 616 mil pesos.
APP Caminos del Sur
El PPS Carretero como se le conoce a este contrato no es el único en su tipo. En diciembre del 2019, la Legislatura mexiquense volvió a autorizar al gobierno estatal a entregar a la iniciativa privada, la conservación y mantenimiento de los caminos y carreteras del sur del Estado. Se trata de 84 vialidades que deberán estar en buen estado a partir del 2023 y mantener conservadas estas vías durante diez años más.
El contrato signado es por más de 15 mil millones de pesos. El consorcio que lo realizará está conformado por la empresa VISE, con origen en Guanajuato y la constructora Impulsora de Soluciones e Infraestructura, donde Ricardo Salinas Pliego es accionista mayoritario.
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