Redacción
Como si se tratara de una receta mágica, el ex consejero electoral del Estado de México Bernardo Barranco propuso la realización de una reforma política y electoral que conlleve a procesos más democráticos y equitativos, que recuperen la confianza ciudadana e incentiven la participación en los comicios locales, tras fustigar la elección en que resultó vencedor Eruviel Ávila Villegas.
Entre las modificaciones y acciones a llevar a cabo en el Estado de México; Bernardo Barranco enumeró la reducción de prerrogativas para el desarrollo de campañas electorales –y evitar con ello el despilfarro económico-; establecer candados fuertes en la implementación de programas sociales –que se han convertido en la coacción del voto más sútil-; determinar transparencia en el flujo de recursos hacia partidos políticos; y la renovación total de los consejeros electorales para evitar cuotas partidistas en su designación.
Barranco Villafán sostuvo que el costo de la última elección mexiquense fue de de 15 dólares por sufragio –si sólo se considera el presupuesto del IEEM-; mientras que al considerar otros insumos del proceso electoral como el presupuesto del TEEM y la difusión de espots, el costo por cada voto se eleva a 70 dólares. La cifra es infinitamente mayor respecto del costo del sufragio en Brasil que oscila en los 30 centavos de dólar.
Agregó que en la elección de 2011, la abstención fue la segunda más alta en la historia moderna de las elecciones del Edomex, al ubicarse en el 56 por ciento del padrón electoral. “Hay desencanto, hartazgo, las campañas no prendieron, los candidatos no motivaron, se gastó mucho. Los municipios más poblados tuvieron un abstencionismo arriba del 60 por ciento, esto es preocupante, porque como nunca antes hubo promoción del proceso electoral”, arremetió.
Por su parte, el ex consejero electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim explicó que el modelo para nombrar consejeros electorales está agotado, derivado de que los partidos políticos lo han distorsionado. “Se reparten por cuotas partidarias, no se privilegian las virtudes de candidatos (a consejeros), su experiencia, imparcialidad o calidad, lo que les importa es enviar a representantes suyos”, acotó.
El especialista político sostuvo que la imparcialidad que tiene que ser característica de consejeros, ahora queda en duda, porque ya llevan marca partidaria de origen. Se sumó a la convocatoria de Bernardo Barranco en el sentido de impulsar reformas a la legislación mexiquense, o de lo contrario dijo, no se podrá discutir o afinar para llegar a mejores conclusiones si no hay consenso entre los partidos. “Esa es otra distorsión”, precisó.
La situación democrática que vive el país, agregó Eduardo Huchim, deriva de que hay inconsciencia de clase política sobre los momentos que vive el país, con un desempleo creciente, y que se agudiza en la zona centro del país –tan sólo en el Edomex alcanza al 6.8% de la PEA, y en el DF al 7.2% de la PEA-. A ello se suma la problemática de enfrentar a la delincuencia organizada, que cuenta con una capacidad de reclutamiento importante, que tiene elementos suficientes para alentar a los jóvenes a sumarse a sus filas.
En tanto, el periodista Jenaro Villamil aseguró que se vuelve necesario impulsar una Ley de Equidad Publicitaria que permita fijar reglas claras de acceso a la propaganda gubernamental, y que ésta no sea un premio o castigo a los medios de comunicación, sino que prevalezca la equidad y la transparencia en la asignación de recursos públicos por dicho concepto.
Tan sólo en la gestión del ex gobernador Enrique Peña Nieto se otorgó el 70 por ciento de sus convenios publicitarios a Televisa y TV Azteca, lo que significa una concentración preocupante para el resto de los medios de comunicación. “Aquí hay que hacer reforma estatal que establezca reglas democráticas y crear órgano autónomo, que fije reglas de equidad ante medios”, sostuvo el autor del libro “Si yo fuera Presidente, el reality show de Enrique Peña Nieto”.
En materia de regulación de contenidos políticos, Jenaro Villamil propuso la creación de un organismo para regular acceso a medios en tiempos electorales y no electorales; además de la necesidad de una ley de medios públicos, que incluya redes sociales, así como que se garantice acceso a banda ancha e internet para dar una mayor apertura a las audiencias del Estado de México.