Redacción
Un catálogo de buenas intenciones signaron hoy el gobierno del estado de México y los partidos con representación en la entidad, bajo el nombre de “acuerdo para la seguridad y civilidad de las elecciones 2012”, con el que pretenden blindar los comicios de la injerencia del crimen organizado, y del uso de recursos públicos por parte de las autoridades.
Todos los partidos, con excepción del PRD, estamparon esta mañana su firma en el documento que elaboraron durante casi mes y medio en la mesa política que instaló gobierno del estado a principios de febrero.
Los consejeros del Instituto Electoral del estado de México no sólo prestaron sus instalaciones para que partidos y el gobierno del estado asumieran, de forma genérica, compromisos para que el proceso electoral se desarrolle en tranquilidad y con seguridad, sino también fungieron como testigos de honor de los acuerdos alcanzados.
Los acuerdos específicos son nueve acciones que se reducen al cumplimiento mínimo de la ley que deberán tener partidos y autoridades en el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados que está en marcha en la entidad y tendrá su clímax en la jornada comicial del 1 de julio.
Lo más importante es la creación de un grupo interinstitucional donde participarán los tres ámbitos de gobierno para definir acciones y programas que ayuden a que los comicios de desarrollen con seguridad en el estado. En este grupo participará el CISEN, el Ejército Mexicano, la PGR, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como los ayuntamientos mexiquenses que ayudarán a elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran cada demarcación.
El resto del texto son acciones que partidos y autoridades están obligadas a cumplir por la ley, como el retiro de la propaganda gubernamental, respeto de las autoridades al voto, la no injerencia de funcionarios públicos y recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos y que las campañas de realicen en un clima de civilidad y armonía, que favorezca la paz social.
También se señala la suspensión en la entrega de programas sociales, excepto aquellos que autorice el Congreso local, quien sesionó el martes pasadado para avalar que durante las campañas locales el gobierno pueda seguir entregando despensas, apoyos a madres solteras, adultos mayores y niños, entre otros.
El gobierno anunció la creación de una fiscalía especializada en atender delitos electorales, y el congreso local se compromete a analizar la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la correcta aplicación de los programas sociales para que no se utilicen con fines político electorales.
Al final del convenio, se establece que la mesa política será un instrumento permanente donde se podrán dirimir conflictos que se generen durante el desarrollo del proceso.
Los partidos políticos reiteraron hoy la exigencia de que ningún funcionario de gobierno, del nivel que sea, se involucre en el proceso electoral para no afectar la equidad en la contienda e hicieron énfasis en que los gobiernos federal y estatal deberán generar condiciones de seguridad para los electores y los candidatos.
El PRI aprovechó la ocasión para pedir a sus adversarios desarrollar campañas de altura, sin ataques, descalificaciones y calumnias e incluso pidió respeto a los resultados electorales.
El único ausente fue el PRD quien, a través de su presidente estatal, Juan Hugo de la Rosa, informó que no volverían a la mesa política en tanto no haya compromisos reales y claros del gobierno para sacar las manos del proceso.
