Israel Dávila
Almoloya de Juárez, Edomex, 14 de febrero del 2019.- El juzgado primero penal de primera instancia fijó hoy la fecha del 16 de febrero a las 10 horas para la celebración de la audiencia del reinicio del proceso en contra de tres de los seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, que se encuentran encarcelados desde hace más de once años.
Esta audiencia será crucial para su futuro, pues ahí, el ministerio público podría desistirse de la acusación, una vez que se ha comprobado que no existen elementos de prueba contundentes sobre estos indígenas, a quienes se les instruyó un juicio durante poco más de 10 años, con diversas violaciones al debido proceso.
Casi un mes después de que un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense dejara sin efecto la sentencia por 50 años de prisión que se les dictó indebidamente en diciembre del 2017, finalmente se pudo encontrar a un intérprete náhuatl que asista a los indígenas durante su proceso penal.
Los indígenas de Tlanixco están acusados de la muerte de un empresario español que representaba a los floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero. Esta persona que en vida llevaba el nombre de Alejandro Isaak Basso fue encontrado muerto el 1 de abril del 2003, cuando se dirigía hacia Tlanixco.
Los pobladores de esa comunidad señalan que en el camino hacia Tlanixco, Isaak Basso tropezó en una vereda y cayó en una barranca de más de 40 metros lo que le ocasionó la muerte instantánea. Sin embargo, los floricultores de Villa Guerrero y los socios de la víctima acusaron a los seis integrantes del comité de Agua de Tlanixco, de ser los responsables de la muerte del empresario, pero no tenían ninguna evidencia que probara su dicho.
A pesar de que en el proceso que se siguió a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias no había ninguna imputación directa o individualizada, sino eran puros señalamientos genéricos, se les condenó a 50 años de prisión en el 2006.
Ese mismo año, agentes ministeriales capturaron a otros tres indígenas señalados de haber participado en la muerte de Basso. Con lujo de violencia se capturó a Dominga González Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez, a quienes se les instruyó un proceso penal durante 11 años y en diciembre del 2017 también se les sentenció a 50 años de prisión.
Ellos recurrieron a la sentencia y sus familiares pidieron apoyo a organizaciones de derechos humanos entre ellos, la oficina de la ONU, quien revisó los expedientes y encontró un cúmulo de irregularidades, que llevaron a este organismo a exigir al Estado Mexicano la liberación inmediata de los seis indígenas.
En la revisión de la sentencia, un magistrado penal de segunda instancia confirmó que hubo violaciones al debido proceso por lo que anuló a tres de ellos la sentencia de 50 años de prisión y ordenó la reposición del juicio, desde su inicio, y advirtió que estos debían ser asistidos por un defensor que conociera y hablara el dialecto náhuatl.
Durante cuatro semanas se buscó a un defensor –interprete náhuatl-, que apenas fue localizado esta semana. Ayer miércoles rindió protesta para asumir la defensa de los indígenas y de inmediato el juez fijó que la audiencia de reinicio del proceso se desarrollará el próximo sábado 16 de febrero en punto de las 10 horas.
