Redacción
Toluca, Edomex; 10 de
septiembre de 2025.- Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó
sanciones de hasta 16 años y 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA)
—equivalente a 90 mil 515 pesos—, a quien, haciendo uso de tecnologías de la
información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de
mensajería, pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico con
menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material
audiovisual con contenido explícito.
Con la iniciativa,
avalada durante sesión deliberante y promovida por el diputado Carlos Antonio
Martínez Zurita Trejo (morena), se establece que habrá penas de hasta ocho años
de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos (400 UMA) para quien cometa este
delito contra cualquier persona.
Sin embargo, las sanciones
se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas
que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra
quien demande apoyos extraordinarios (independientemente de que exista
coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas y engaños).
“La violencia contra la
infancia no puede seguir siendo una sombra de nuestro futuro, es nuestra
responsabilidad seguir reforzando el marco legal para poder erradicarla. No
podemos ser espectadores de esta realidad, debemos, como Legislatura, ser
actores de esta solución, porque la indiferencia en política, muchas veces, es
complicidad”, aseguró.
De acuerdo con el
dictamen de la iniciativa, leído por el parlamentario Román Francisco Cortés
Lugo (PAN) —quien resaltó la relevancia de proteger a las y los menores
mexiquenses —, se establece un papel determinante a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la valoración del perdón legal
cuando las víctimas sean menores de edad.
Asimismo, se integran
medidas para la protección inmediata de víctimas menores, en coordinación con
autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque
integral, sin discriminación y sin revictimización.
Además, coloca los derechos
de la infancia en el centro de las políticas públicas, frente a problemáticas
como la violencia, la desigualdad, la impunidad y el abandono, con la intención
de avanzar hacia una sociedad más justa y segura.
Mediante la iniciativa
que reformará el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —todos de carácter
estatal— se aplica el principio del interés superior de la niñez en todos los
delitos cometidos contra este grupo poblacional.
Igualmente, se obliga a
las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia, con la obligación de avisar a la
Procuraduría de Protección y al Ministerio Público, para la activación de medidas
urgentes.
Por último, se fortalece
la atención psicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales
correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del
daño.
