Por: Violeta Huerta
El Infoem en deuda con la sociedad
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), creado hace doce años con la expectativa de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y de impulsar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, ha quedado a deber.
Ese organismo -para muchos ciudadanos desconocido- tiene un papel fundamental: abonar a la transparencia, que los gobiernos y todos aquellos que manejen dinero público rindan cuentas e informen dónde va cada peso del dinero que se ejerce en los tres poderes, ayuntamientos, organismos descentralizados y autónomos, e incluso, hasta en los partidos políticos y sindicatos.
Sin embargo, en la práctica el avance ha sido lento: existe un incumplimiento constante, sobre todo en los municipios mexiquenses, pues los ediles terminan los trienios con pocos avances: algunos sin portales, o con ellos, pero con maña dejan vacíos algunos apartados para no dar a conocer todo lo que exige la ley.
Este jueves 7 de diciembre los comisionados del Infoem entregan el Informe de Actividades 2015-2016 de ese instituto, donde dan cuenta de las solicitudes que se han presentado, las que se han recurrido, las resoluciones de ese órgano y el nivel de cumplimiento que aún es bajo en la mayoría de los sujetos obligados.
El Índice Nacional de Evaluación de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) de este año arrojó que en los últimos tres años los incumplimientos a las resoluciones del Infoem han aumentado en un 210 por ciento, pues en 2015 sumaron 503 casos en que los sujetos obligados no hicieron caso, entre otras cosas, a entregar la información solicitada.
El órgano garante mexiquense fue reprobado en la promoción del derecho de acceso a la información y en la resolución de controversias. Su porcentaje general en el cumplimiento de la Ley de Transparencia llegó a 56.87 y fue una de las 12 instituciones donde el número de revocaciones – a las respuestas de autoridades- disminuyeron, con lo cual bajó el número de ocasiones en que ordenaron entregar información y las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate detectaron una tendencia a favorecer las posiciones de los sujetos obligados que niegan información.
Un reproche a ese instituto –el cual exige transparencia a todos los sujetos obligados- es que justamente no transmite sus sesiones del pleno, pese a las aplicaciones y la tecnología que existen para que la gente pueda dar seguimiento y conocer las discusiones y resoluciones de los comisionados.
De por sí pocos se enteran de su actividad y al parecer no hay mucho interés por dar a conocer los asuntos que analizan: es lamentable e incongruente para un órgano de transparencia, y a eso, hay que sumar que los comisionados son poco críticos: es evidente que ninguna institución en la entidad cumplía al 100 por ciento con la anterior Ley de Transparencia y las declaraciones de los integrantes del Infoem eran tibias.
El reto viene con la nueva norma aprobada en mayo de este año y la cual ya entró en vigor, aunque las revisiones y sanciones vendrán hasta el 2017 porque se dio una prórroga de seis meses que vencen en mayo.
La nueva ley obliga a una mayor transparencia: establece 52 obligaciones comunes y la verdad es que si con la anterior norma muchos no cumplían, se antoja difícil que ahora lo hagan: existe una resistencia en casi todas las autoridades, y si nadie las presiona, vivirán felices en la opacidad.
Los ciudadanos también debemos exigir a las autoridades y al propio Infoem.
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Con más reclamos que apoyos por parte de la ciudadanía, la mayoría de los informes de los alcaldes se han desarrollado en forma tradicional: con autoelogios y sin autocrítica. La realidad de políticos y autoridades y la de la población es muy distinta.
