Redacción
Toluca, Edomex. 6 de julio del 2016.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez consideró que el gobierno mexiquense ha cumplido la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) sobre la matanza de Tlatlaya del 30 de junio del 2014, cuando fueron abatidos 22 civiles a manos del Ejercito Mexicano y recalcó que a la fecha solo queda pendiente el juicio contra los ocho elementos de la dependencia a los que se les fincó responsabilidad por el delito de tortura.
El funcionario dijo que cada uno de los puntos que emitió la CNDH hacia el estado de México por estos hechos, donde se consideró que existieron graves violaciones a los derechos humanos han sido cumplidos y los avances fueron notificados al organismo en tiempo y forma.
La semana pasada, cuando se cumplieron dos años de la matanza en Tlatlaya, la CNDH informó que ninguna de las instancias a quien se había dirigido la recomendación por el caso Tlatlaya, (Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y el Gobierno del estado de México) habían cumplido a cabalidad la recomendación.
El organismo recalcó que solo había un cumplimiento parcial del documento, pero lo fundamental, no se había hecho, que era castigar a los responsables de los abusos cometidos esa madrugada del 30 de junio.
Al respecto, el procurador Alejandro Gómez acotó que la PGJEM ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales a quienes se les imputó el delito de tortura y contra una agente del ministerio público por encubrimiento. Todos ellos enfrentan su juicio en libertad, pues los delitos imputados no son considerado como graves por el Código Penal en la entidad.
A la fecha, el proceso se encuentra suspendido a la espera de que se resuelvan varios juicios de amparo promovidos por los agentes ministeriales en contra del auto de vinculación a proceso.
El procurador también informó que todos los servidores públicos que participaron directa y indirectamente en el caso Tlatlaya se les inició un procedimiento administrativo sancionador ante la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad del estado de de México y aunque no se sabe si este concluyó o sigue su marcha.
Alejandro Gómez apuntó que el gobierno del estado ha cumplido con la reparación del daño para las víctimas a quienes se les ha indemnizado y apoyado medica, jurídica y psicológicamente.
De las tres víctimas identificadas por los hechos, a dos ya se les entregó la compensación y una se ha resistido a recibir el apoyo.
También se ha cumplido lo referente a la capacitación de las policías estatal y ministerial en derechos humanos; se aprobó un protocolo de actuación para agentes del ministerio público y policías ministeriales sobre cómo deben de actuar y resguardar la escena del crimen en casos como este, entre otros puntos recomendados por CNDH.
