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El Manual de Maquiavelo 31-01-2025

Francisco Ledesma / Deconstruir el discurso de la seguridad

Medir la violencia o incidencia delictiva a partir de la denuncia oficial sobre delitos de alto impacto, o bien, sobre la percepción de inseguridad, no es necesariamente la mejor fórmula para dimensionar el impacto positivo o negativo de las políticas públicas en materia de seguridad pública; más aún cuando los hechos de criminalidad de las últimas dos semanas parecen mandar un mensaje de descomposición social para el territorio del Estado de México.

 

De forma recurrente, en la comunicación institucional del gobierno mexiquense, se hace referencia a una reducción delictiva derivado de las denuncias penales que registra mes a mes la Fiscalía General de Justicia, lo cual no es una garantía de que la criminalidad vaya a la baja. Se estima que por cada cien delitos sólo se denuncian diez; y el hecho de que haya menos denuncias, podría incluso derivar de una falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia.

 

Las únicas cifras que sí pueden validar una disminución en la violencia son aquellas relacionadas con los delitos que generan carpetas de oficio, como lo son los homicidios, que en más de una ocasión han ido a la baja, pero que causan un impacto mayúsculo en la percepción de inseguridad cuando son figuras públicas las víctimas de los asesinatos, como ha ocurrido en los últimos días.

 

Ahora bien, apegarse a la encuesta de percepción de inseguridad, también es un parámetro que deja muy vulnerable a los responsables de la seguridad. En principio, porque sólo hay mediciones sobre una decena de municipios, principalmente los más habitados, pero deja de lado la opinión de otros 115 municipios, que padecen otro tipo de realidades, ya sea por su condición de localidades urbanas o rurales, asentadas en zonas donde el narcotráfico puede tener una mayor presencia y acciones más lacerantes para la sociedad.

 

No sólo eso. En todas las mediciones de los últimos años, la población de esos municipios refiere que, en promedio, 80 de cada 100 habitantes se siente inseguro, y ha modificado sus rutinas de vida por esa mala percepción respecto de la seguridad en el lugar en donde habitan. Los números los reprueban.

 

El golpe de realidad de las últimas semanas en el Estado de México deconstruye el discurso oficial sobre el avance que sostienen las autoridades oficiales en torno a las mesas de seguridad, las cuales en su conjunto, habrían contribuido a un combate a la delincuencia más efectivo en los últimos meses, principalmente cuando se habla de operativos como el Enjambre o el Atarraya.

 

Sin embargo, en menos de diez días, los mexiquenses también han sido testigos del asesinato en espacios públicos de un exfiscal de justicia en Metepec, de tres policías municipales en Malinalco y de un exdiputado local en Cuautitlán; además de la reyerta en contra de efectivos locales en Temascalcingo.

 

La serie de hechos criminales no tienen una conexión, y pudieran tomarse como hechos aislados; sin embargo, también dejan de manifiesto que no hay región geográfica a salvo de la presencia criminal, que manda mensajes de reacomodos de sus actividades delictivas, ya sea por el cambio en las presidencias municipales, o bien, porque prefiere acallar a algunas autoridades, antes que poner en riesgo su operatividad en la entidad más poblada del país.

 

Puede justificarse que la estrategia de seguridad sí está teniendo los resultados institucionales que se buscan en la mesa cotidiana de Palacio de Gobierno, sin embargo, la realidad ha demostrado que las condiciones políticas, sociales, institucionales y estructurales están rebasadas por las organizaciones criminales, quienes mantienen un poder fáctico, y más importante aún, una rampante impunidad que les permite operar sin resistencias ni miedos.

 

El miedo está en las calles, en las casas y en la vida cotidiana de los mexiquenses.

 

La tenebra

Al PRI lo quieren salvar el coordinador electoral que perdió la gubernatura y alguna ocasión fue inhabilitado como servidor público por inconsistencias; un exdirigente que fue impuesto por el entonces gobernador y mantiene acusaciones abiertas por la Estafa Maestra; y un político que fue encarcelado hace algunos ayeres y ha jugado en contra de su partido por conveniencia personal en varias elecciones por la región de Tijuana. Parece chiste, pero es verdad.