Francisco Ledesma / Deconstruir el discurso de la seguridad
Medir la violencia o
incidencia delictiva a partir de la denuncia oficial sobre delitos de alto
impacto, o bien, sobre la percepción de inseguridad, no es necesariamente la
mejor fórmula para dimensionar el impacto positivo o negativo de las políticas
públicas en materia de seguridad pública; más aún cuando los hechos de
criminalidad de las últimas dos semanas parecen mandar un mensaje de
descomposición social para el territorio del Estado de México.
De forma recurrente, en
la comunicación institucional del gobierno mexiquense, se hace referencia a una
reducción delictiva derivado de las denuncias penales que registra mes a mes la
Fiscalía General de Justicia, lo cual no es una garantía de que la criminalidad
vaya a la baja. Se estima que por cada cien delitos sólo se denuncian diez; y
el hecho de que haya menos denuncias, podría incluso derivar de una falta de
confianza en las instituciones de procuración de justicia.
Las únicas cifras que sí
pueden validar una disminución en la violencia son aquellas relacionadas con
los delitos que generan carpetas de oficio, como lo son los homicidios, que en
más de una ocasión han ido a la baja, pero que causan un impacto mayúsculo en
la percepción de inseguridad cuando son figuras públicas las víctimas de los
asesinatos, como ha ocurrido en los últimos días.
Ahora bien, apegarse a
la encuesta de percepción de inseguridad, también es un parámetro que deja muy
vulnerable a los responsables de la seguridad. En principio, porque sólo hay
mediciones sobre una decena de municipios, principalmente los más habitados,
pero deja de lado la opinión de otros 115 municipios, que padecen otro tipo de
realidades, ya sea por su condición de localidades urbanas o rurales, asentadas
en zonas donde el narcotráfico puede tener una mayor presencia y acciones más
lacerantes para la sociedad.
No sólo eso. En todas
las mediciones de los últimos años, la población de esos municipios refiere que,
en promedio, 80 de cada 100 habitantes se siente inseguro, y ha modificado sus
rutinas de vida por esa mala percepción respecto de la seguridad en el lugar en
donde habitan. Los números los reprueban.
El golpe de realidad de
las últimas semanas en el Estado de México deconstruye el discurso oficial
sobre el avance que sostienen las autoridades oficiales en torno a las mesas de
seguridad, las cuales en su conjunto, habrían contribuido a un combate a la delincuencia
más efectivo en los últimos meses, principalmente cuando se habla de operativos
como el Enjambre o el Atarraya.
Sin embargo, en menos de
diez días, los mexiquenses también han sido testigos del asesinato en espacios
públicos de un exfiscal de justicia en Metepec, de tres policías municipales en
Malinalco y de un exdiputado local en Cuautitlán; además de la reyerta en
contra de efectivos locales en Temascalcingo.
La serie de hechos
criminales no tienen una conexión, y pudieran tomarse como hechos aislados; sin
embargo, también dejan de manifiesto que no hay región geográfica a salvo de la
presencia criminal, que manda mensajes de reacomodos de sus actividades
delictivas, ya sea por el cambio en las presidencias municipales, o bien,
porque prefiere acallar a algunas autoridades, antes que poner en riesgo su
operatividad en la entidad más poblada del país.
Puede justificarse que
la estrategia de seguridad sí está teniendo los resultados institucionales que
se buscan en la mesa cotidiana de Palacio de Gobierno, sin embargo, la realidad
ha demostrado que las condiciones políticas, sociales, institucionales y
estructurales están rebasadas por las organizaciones criminales, quienes mantienen
un poder fáctico, y más importante aún, una rampante impunidad que les permite
operar sin resistencias ni miedos.
El miedo está en las calles,
en las casas y en la vida cotidiana de los mexiquenses.
La tenebra
Al PRI lo quieren salvar
el coordinador electoral que perdió la gubernatura y alguna ocasión fue
inhabilitado como servidor público por inconsistencias; un exdirigente que fue
impuesto por el entonces gobernador y mantiene acusaciones abiertas por la Estafa
Maestra; y un político que fue encarcelado hace algunos ayeres y ha jugado en
contra de su partido por conveniencia personal en varias elecciones por la
región de Tijuana. Parece chiste, pero es verdad.