Francisco Ledesma / La oposición del futuro
Faltan cuatro días para que venza el plazo sobre la aprobación del paquete fiscal 2022 en el Estado de México, mientras la mayoría morenista impone su margen de maniobra y pretende establecer un control en el monto del endeudamiento y el destino de ejecución de un crédito a pagar en los años venideros; quizá sin calcular que esa hegemonía se le puede revertir en apenas 24 meses si eventualmente la cuarta transformación logra la alternancia en la entidad.
Tras las elecciones de 2018, Morena ganó una mayoría inusitada al interior del Congreso local, lo que derivó en una nueva correlación política, y un nuevo modelo de gobernabilidad, en el cual, el priísta Alfredo Del Mazo supo adaptarse a su circunstancia, para conceder parte del poder público, y porciones del presupuesto público a los numerosos municipios presididos por morenistas.
Luego de los comicios intermedios de 2021, el morenismo y sus 29 diputados locales mantuvieron una profunda incidencia en la agenda legislativa del Estado de México, y por dos años consecutivos ha postergado irremediablemente la aprobación del presupuesto anual hasta el mes de enero, sin que haya al final una variante absoluta a las propuestas de endeudamiento planteadas por el Poder Ejecutivo, y sin mayor resistencia que la discursiva y la mediática.
Lo cierto es que, más allá del debate legislativo que poco trasciende entre la población, lo que está en juego es un sistema de frenos y contrapesos para transitar a una etapa de concesiones y retribuciones entre las élites políticas dominantes en el espacio parlamentario, y que pudiera ser un preludio de lo que enfrentaría Morena si ganara la gubernatura estatal el año entrante.
En septiembre de 2023, habrá un nuevo titular del Poder Ejecutivo, en cuya elección, Morena tiene concentrados sus esfuerzos para alcanzar la primera alternancia en el poder de los últimos 90 años; y establecer un clivaje hacia el régimen priísta que gobierna el Estado de México desde hace 80 años.
En caso de una victoria morenista, el gobernador o gobernadora en turno deberá convivir con la actual Legislatura local hasta septiembre de 2024, cuya composición integra a 43 diputados de la alianza electoral prianista, con quienes hoy confronta una discusión parlamentaria que pretende hacer pasar por ideológica, y que pudiera complicar la existencia de su primer año de gobierno, incluida la aprobación de su primer paquete fiscal en diciembre de 2023.
Aún más, con la alternativa que hoy da la reelección, los legisladores priístas y panistas que se han topado con pared en la construcción de acuerdos legislativos, podrían algunos repetir en el cargo, y ser los interlocutores de esa eventual oposición con el posible primer gobierno morenista en el estado.
Esa ecuación puede ser la razón por la cual, Morena al final de la negociación presupuestal, terminará por conceder parte de las pretensiones establecidas por el gobernador Del Mazo; pero también habrá sentado el precedente del próximo gobierno, sin importar quien gane en las elecciones de 2023.
En resumen, las élites políticas defienden sus propios intereses económicos por encima de los ideológicos, y la negociación legislativa logra imponer un letargo que deriva en un gatopardismo hacia la toma de decisiones de los diputados locales; simular que todo ha cambiado para que todo siga igual.
Los morenistas hoy presumen un triunfo en la aprobación política del paquete fiscal, y buscan con ello, trascender hacia la batalla electoral de 2023, en cuya eventual victoria se enfrentarían siendo gobierno al bloque legislativo que hoy han dominado; sin embargo, nada es para siempre.
La tenebra
El panismo se ha desdibujado en el plano legislativo; su cercanía al priísmo le ha restado presencia, discurso y postura. Le costará muchos años recuperar el terreno perdido, y la confianza dilapidada.
