Francisco Ledesma / De los perfiles políticos a los intereses financieros
La rectoría de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue durante el régimen priísta
un anexo del gabinete del gobernador en turno. El priísmo, ese que se encumbró
bajo el manto del Grupo Atlacomulco, durante décadas instauró candidaturas
únicas, condición que limitaba la democracia universitaria, pues la comunidad
advertía un solo aspirante y sin mediar opinión, el Consejo Universitario
legitimaba una decisión que, con semanas de anticipación, se había ungido desde
las altas esferas del poder público.
En esa coyuntura, se
privilegiaron los perfiles políticos de quienes alcanzaron la rectoría
universitaria. En una ecuación sistemática, los exrectores se convirtieron en
parte sustancial de la burocracia mexiquense, y algunos incluso, de la
burocracia partidista, aunque no necesariamente con los mejores resultados.
De químicos, abogados, politólogos
y veterinarios a encumbrados burócratas del Estado de México, y hasta
alquimistas electorales al servicio del otrora partido hegemónico. La UAEMex
respondía a componendas políticas por antonomasia.
La dinastocracia también
se hizo presente: los Gasca, Agustín y Eduardo, aunque con décadas de
distancia, compartieron la encomienda de encabezar la rectoría.
Los Tinoco, fueron ambos
directores de Ciencias Políticas, y alcanzaron posiciones de privilegio en los
gabinetes del montielismo y el delmacismo.
Los Olvera ascendieron
en paralelo. Uno como director de Ciencias Políticas y consejero electoral;
otro en Derecho y la rectoría universitaria; aunque el escándalo político tuvo
como resultado, para ambos, la defenestración pública.
En ocasiones valía más
la amistad y cercanía con “el comandante” del partido, para lograr la unción
del gobernador en turno, por encima de las trayectorias académicas o las
capacidades profesionales. Era la regla y no la excepción.
Hoy en día, la UAEMex
transita por una elección inédita, con la participación activa de seis
aspirantes a la rectoría, en la que se tiene el propósito de privilegiar los
planes de trabajo, las propuestas, las acciones hacia el futuro, y el respeto
absoluto al voto libre, secreto y universal de la comunidad universitaria, y
que esa condición se refleje en el Consejo Universitario.
Sin embargo, a pesar del
entorno universitario que exige ética y moralidad -y que ésta última no se
refiere al árbol emblemático de la institución educativa ni al nombre de la
recién bautizada mascota-, siempre hay riesgos en que ahora no sean las
condiciones políticas ni las trayectorias académicas, las que se impongan en un
contexto de apertura democrática; y puedan ser otros aspectos nocivos como los
económicos o los de coacción social entre la comunidad.
Las elecciones, en
cualquier contexto, siempre apelan a las emociones, pero también a elementos
perniciosos como el dispendio económico, las condicionantes clientelares que
son parte del ecosistema universitario, donde no puede estar ajeno los intereses
financieros, políticos y humanos que se entrelazan en una institución que maneja
anualmente 6 mil 500 millones de pesos de recursos públicos, y alrededor de 700
millones de pesos de recursos propios.
Lo que está en juego es el
futuro académico de más de 90 mil estudiantes, pero además, las condiciones
laborales de cerca de 13 mil familias, de docentes y administrativos, que tendrán
el derecho de votar, y garantizar de que podrán hacerlo en libertad y secrecía,
sin presiones ni coerciones. De saber que, por primera ocasión, esta decisión
está en sus manos, el día de la votación, y que no se ejecutó una unción previa
y unilateral desde las élites del poder público.
Esa es la premisa de la
elección universitaria, que aspira a ser legal y ser legítima.
La tenebra
Una democracia se
alimenta de la participación. Desalentar la votación desde espacios académicos,
atenta contra la pluralidad universitaria.
