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El Manual de Maquiavelo

El vacío de poder

Francisco Ledesma

 

Han pasado 26 días de la elección local en el Estado de México y faltan casi cinco meses para que los presidentes municipales tomen posesión de sus cargos. Sin embargo, en los municipios, al parecer por una falta de cálculo en las leyes electorales, se vive un vacío de poder derivado de que las autoridades salientes ya enfrentan un proceso de transición, mientras que las autoridades electas aún están impedidas del ejercicio del poder político.

Tras la reforma electoral de 2007, se determinó que las autoridades municipales electas en 2009 –y cuyo mandato inició el 18 de agosto de ese año-  salieran de su ejercicio público hasta diciembre de 2012. Se mantuvo vigente la fecha de la elección, marcada en el primer domingo de julio, lo cual ocurrió el pasado día primero; mientras que la legislación en la materia contempla que los nuevos alcaldes entren hasta el 1 de enero de 2013.

Como una mera circunstancia de inercia, hoy la clase política, económica, empresarial y demás liderazgos sociales de los 125 municipios del estado ya buscan acercamientos con sus futuras autoridades. En contraparte, las autoridades actuales han sido desplazadas de su ejercicio, han entrado en una etapa de decadencia en el poder político, se da un decantamiento en sus atribuciones, en sus facultades y responsabilidades. Hay un vacío de poder.

Por si ello fuera poco, existen otros municipios como Toluca, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán y Almoloya de Juárez cuyos presidentes municipales buscaron otros cargos de elección popular. Los actuales alcaldes fueron designados por la legislatura y no responden a quienes eligieron los ciudadanos. En esos casos en específico, el vacío de poder se agudiza, pues saben que en el fondo, las autoridades vigentes responden a intereses particulares que los rebasan y su poder de decisión está supeditado a alguien más -a sus antecesores en todo caso-. La población entonces, se enfrenta a la ausencia de autoridad.

Es impensable suponer una adecuación a la ley electoral que evite que quienes mañana serán alcaldes eviten ser diputados antes de que concluyan sus funciones, y viceversa. Hay jurisprudencia suficiente para saber que los derechos político – electorales de votar y ser votado no pueden ser conculcados si no es por un procesamiento penal de los involucrados.

Lo que sí podría entrar en la discusión, es un necesario ajuste entre la jornada electoral y la fecha en que las nuevas autoridades tomen protesta. La justificante de que los nuevos alcaldes entren en funciones hasta enero, se cimienta en la necesidad de que ejerzan presupuestos anuales, que no se encuentren truncados por la naturaleza de su gestión, y que ello permita una mejor planeación de su gasto público y de su ejercicio de gobierno.

Lo que no es entendible, es que haya seis meses de amplia incertidumbre entre las autoridades que se van y las que entran. Entre partidos que permanecen en el poder, o municipios que experimentan la alternancia. Los procedimientos de transición política no pueden ser tan prolongados, simplemente porque ello genera estancamiento hacia los municipios.

Repensar una adecuación a la jornada electoral, también implicaría que los comicios –en específico de los alcaldes- no serían concurrentes con las elecciones de diputados federales y locales; y cuando es el caso con las de Presidente de la República y Senadores.

La paradoja resulta muy grande, y parece que los partidos y sus candidatos prefieren perder el tiempo, seis meses cada tres años, que apostarle a una elección diferenciada que los evidencie en un altísimo abstencionismo e incluso en un doble costo económico por lo que implicaría la organización de las elecciones locales –diputados y presidentes municipales-.

En el fondo, la lección a la vista, es que se aprobó una ley pensando en los posibles beneficios que esto tendría, pero poco se pensó, o nulamente se proyectó los perjuicios que se generarían.

 

La tenebra

El movimiento Yo Soy 132 está obligado a tomar su propia agenda pública. El asunto por delante no puede ser una persona, ni su ejercicio de gobierno. El desafío de su movimiento está en evitar la injerencia partidista, y que sus propuestas se entiendan, y en la medida de lo posible, se atiendan.