El PRI ha demostrado su incapacidad de autogobernarse. Surgido como un partido de Estado, hoy manifiesta que ante la ausencia de los frenos y contrapesos que suponía su sometimiento y subordinación al presidente o gobernador en turno, las dirigencias partidistas en funciones asumen que pueden disponer del control político y financiero para beneficio de sus intereses personales, por encima del propósito fundamental de todo partido que implicaría su lucha por conquistar espacios del poder público en el presente y el futuro.

Desde 1929 y hasta 1999, la toma de decisiones del PRI como partido de Estado, era asumida por las facultades metalegales que el presidente en turno asumía a través de los dirigentes partidistas que se imponían desde Palacio Nacional.

La alternancia electoral del año 2000, obligó a tener nuevos métodos de entendimiento para quien asumió la dirigencia del partido, pero siempre bajo componendas políticas -en las que incidían e intervenían los gobernadores- que construían equilibrios en su manera de autorregularse.

Roberto Madrazo, a pesar de su ambición por el poder y el control que pretendió ejercer desde la dirigencia del partido, concedió candidaturas y parcelas del poder a los gobernadores -de quienes incluso, dependía en gran medida el financiamiento electoral-. Y aunque al final, se confrontó con ellos en búsqueda de su fallida candidatura presidencial, debió entender que su historia en el partido concluyó en la derrota del año 2006, que llevó al PRI al tercer lugar.

Entre 2007 y 2012, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña se convirtieron en los factores de decisión de la vida interna priísta. Desde sus espacios de poder político, lograron la connivencia necesaria para regresar al PRI a Palacio Nacional, donde otra vez, el presidente en funciones incidió en la vida partidista a través de César Camacho, el propio Beltrones, y Enrique Ochoa Reza.

Del 2019 a la fecha, el PRI ha perdido once gubernaturas, que más allá de la defenestración política irrefrenable, parece una acción concertada por parte de Alejandro Moreno, en su afán de evitarse contrapesos políticos que le han permitido concentrar el control absoluto de los órganos de decisión del partido, y desde ahí modificar estatutos e imponer formas partidistas en donde no hay gobernadores ni liderazgos parlamentarios que le puedan frenar su ambición.

Esa misma ausencia de gobernadores priístas, le ha facilitado centralizar la toma de decisiones del partido, para imponer a incondicionales como dirigentes del priísmo a nivel local en todo el país.

En el caso del Estado de México, Ana Lilia Herrera y Alejandro Castro han permitido sin resistencias, que Moreno asuma como aplanadora la definición de candidaturas en la más reciente elección; con la enorme posibilidad de que ellos puedan permanecer al frente del priísmo mexiquense durante los próximos diez años, si es que le alcanza la vida al partido, o bien, se convierten en los sepultureros de una maquinaria obsoleta.

Alito Moreno también ha expulsado, silenciado o denostado a exgobernadores y exdirigentes priístas en su afán de consolidar su poder político. Nadie que esté en contra de su voluntad personal puede tener un espacio de opinión dentro del partido, que está dispuesto a desaparecer como encomienda personal.

Y así, los dirigentes de sectores y organizaciones, los presidentes de comités estatales, así como senadores, diputados federales y locales, y alcaldes en funciones y electos, están dispuestos a desconocer sus vínculos políticos; con el propósito de su supervivencia personal, para reconocer como único líder al responsable de las mayores derrotas y fracasos del priísmo a lo largo de su historia. El PRI ha sido incapaz de autogobernarse, y sigue su camino al abismo.

La tenebra

¿Y con esos impulsos autoritarios hoy impuestos desde y hacia el priísmo mexiquense pretendió dos veces -y fallidamente- ser candidata a la gubernatura del Estado de México?