El priísmo enfrenta la orfandad política por la ausencia de un gobernador de su militancia en el histórico bastión que representaba el Estado de México, y la crisis se profundiza derivado de la exacerbada disputa por asumir el control de lo que resta de partido en la víspera electoral, y las implicaciones que conlleva el reparto de candidaturas a diputados federales y locales, y las presidencias municipales, aun cuando todos los escenarios son desoladores por la imposibilidad de superar la defenestración social por la que atraviesa.

Todavía en la recta final del sexenio priísta, el gobernador Alfredo Del Mazo y el dirigente nacional, Alejandro Moreno se confrontaron y fracturaron una relación política, que se evidenció en las elecciones de 2021, cuando el campechano decidió el listado de candidatos a diputados federales y el mexiquense las postulaciones a diputados locales. Con esos dos bloques hoy en funciones, se advierte a esos mismos actores políticos en la ambición por dominar la toma de decisiones de un partido que se desdibuja entre los votantes.

Cristina Ruiz, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral hoy aparecen como los liderazgos más visibles que pretenden imponer a sus grupos políticos en la antesala electoral; sin embargo, nadie podría asumir que tiene la anuencia política o las funciones estatutarias para hacer valer su voluntad personal.

La naucalpense Cristina Ruiz ni siquiera tiene ascendencia política en el priísmo local. Carece de una estructura estatal que le reconozca liderazgo. Su vínculo político -como suelen llamar los priístas a los padrinazgos de sus trayectorias- ya ni siquiera pertenece al tricolor. Existe la presunción de que en la más reciente elección, Ernesto Nemer operó para favorecer la causa morenista.

Sin embargo, ahora Ruiz apela a su cercanía con Alejandro Moreno -el dirigente más perdedor en la historia del PRI-, para considerarse con el peso político de incidir por encima de Herrera y Del Moral; o bien, como punto de equilibrio entre quienes disputaron la pasada candidatura a la gubernatura. La también líder de la CNOP nacional busca abrirse camino sin que tenga mucha resonancia entre los legisladores federales o locales, o bien, entre los alcaldes en funciones.

Con el título de delegada del CEN del PRI, Ana Lilia Herrera asume que será ella quien tome el control político del priísmo, en razón de que el delmacismo ya demostró sus deficiencias y limitaciones electorales con la histórica derrota de la gubernatura el pasado mes de junio. Sin embargo, Herrera parece quedarse abandonada a su suerte, cuando los principales impulsores de sus ambiciones personales en el 2017 y 2023, ahora han decidido cambiar su militancia al Partido Verde, con la visión puesta en reencarnar electoralmente.

A su favor -si es que puede verse en positivo- es el resurgimiento omnipresente del exgobernador Arturo Montiel, el símbolo de la defenestración política que incluso abrió ejemplo para los priístas hoy prófugos de la justicia, y debió enfrentar acusaciones por enriquecimiento ilícito apenas concluido su sexenio.

Como colofón, Alejandra del Moral, quien obliga a ser tratada como mártir de la democracia, y pide la primera fila y el lugar central en todo acto público y político en el que aparece. Reclama una posición de privilegio en el priísmo para pagar la factura de sus repetidas derrotas por el Senado de la República y la Gubernatura mexiquense, pero esa misma victimización, la coloca como responsable directa de su impericia electoral cada que aparece en una boleta.

No se debe perder de vista en este juego de ambiciones personales, la destreza que pudieran mostrar Carolina Monroy y Laura Barrera, quienes podrían concitar los afectos de varios exgobernadores, y dar un golpe de timón sobre quienes ya demostraron que no han podido superar sus diferencias personales.

Y más importante aún es que, en los hechos, el PRI mexiquense tiene un presidente formal llamado Eric Sevilla, que no ata ni desata, ni dirige ni controla; y mucho menos decide ni ejerce el poder. Pero sí existe.

La tenebra

Y las tres buscarán tener un cargo de elección garantizado para el 2024. El apego al poder y al presupuesto público no se puede ocultar.