Ahora que a nivel nacional se discute la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y se cuestiona el papel de Rosario Piedra Ibarra; es un buen momento de que el oficialismo, el bloque opositor y la sociedad civil hagan una revisión sobre la autonomía y las acciones relevantes que en los últimos años ha ejecutado el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos al frente de Myrna García Morón, y cuyos resultados, no serían necesariamente los más robustos frente al poder público. Ella es todavía parte de la clase gobernante del régimen priísta, que hoy resulta reemplazable.

Desde hace años, la Codhem dejó de ser un organismo protector de los derechos humanos. Basta con recordar sus omisiones en actos autoritarios como las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya durante el sexenio de Eruviel Ávila; o bien, la reyerta acontecida en San Salvador Atenco durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Los titulares de la Codhem observaron sin asombro el abuso de autoridad y la violación sistemática de los derechos humanos.

Para el régimen priísta, la defensoría de los derechos humanos se convirtió en un brazo articulador para ampliar las componendas del poder, una especie de oficina extendida del gabinete estatal para premiar a la clase política; pero que permanentemente extravió su tarea primaria de emitir Recomendaciones frente a las violaciones de garantías individuales que se convertía no sólo en un escarmiento social, sino en adoptar acciones de protección a la población.

Hoy, con la izquierda en el poder parece el momento idóneo para reestructurar y recomponer el sentido de un organismo protector de las garantías individuales a favor de los grupos más vulnerables; y cuya oficina hoy se encuentra reducida a ser una gestora de la Ley de Amnistía en el Estado de México, para recuperar la libertad de quienes se encuentran encarcelados injustamente.

Sin embargo, se advierte un endeble contrapeso político frente a las instancias gubernamentales que prevalecen como las de mayores quejas por su abuso de poder como lo son las policías preventivas, la fiscalía de justicia -en donde tiene su origen político la actual titular de la Codhem-, y las instancias escolares, en donde se adolece de la capacidad de protección a derechos humanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos apuesta por tener una buena prensa, imitando de forma errónea aquel consejo ciudadano que erigió Jorge Carpizo en la CNDH con la integración de Carlos Payán, pero que no tiene parangón con los intentos simulados de apertura a lo que se tiene desde el Estado de México.

Desde el oficialismo, se profundiza y prolifera la idea de emprender una nueva dinámica en el funcionamiento interno de la Codhem, lo que implicaría la salida de Myrna García, pero no necesariamente para reconstruir su funcionamiento, sino para favorecer al grupo político hoy encumbrado desde el Poder Ejecutivo.

Por ahora, la Comisión de Derechos Humanos apuesta a estar ausente de cualquier discusión pública, antes de que sea vista por el oficialismo como la siguiente aduana para empujar el ascenso de su clase política y gobernante.

El panorama es desolador, porque un eventual reemplazo de García Morón, solo advierte que el morenismo texcocano habrá encontrado la pieza idónea para favorecer a su grupo político, como lo hicieron en el pasado reciente los Cervantes en la procuración de justicia del país y del estado. Sin que eso signifique, un cambio de paradigma en la complacencia y la displicencia que ha caracterizado durante los últimos años a la Codhem, también llamado el elefante blanco por antonomasia de las instituciones autónomas de la entidad.

La tenebra

¿Y cómo andará la defensa de los derechos laborales en el despacho de Myrna García?