A una semana de la elección del 4 de junio, donde se renovará la gubernatura del Estado de México, catalogada hasta ahora como las más competida de la historia y muy probablemente como la más sucia por los ataques y contrastes establecidos entre partidos y candidatos; resulta indispensable que las instituciones electorales hagan lo necesario para otorgar certeza respecto del resultado que derive de dicha jornada comicial.
En la recta final de la contienda por la gubernatura, es indispensable que las instituciones electorales actúen con absoluta responsabilidad bajo una sola premisa: hacer cumplir la ley. En general, todos los candidatos coincidieron en que para abatir la impunidad rampante, no son necesarias nuevas normas y basta con un rigor en la aplicación de las leyes, incluidas las electorales.
Hasta ahora, aunque las reglas buscan consolidar una democracia con procesos electorales en igualdad, hay todavía espacios que permiten el uso clientelar de los programas sociales, cuyas acciones laceran la equidad de las contiendas y marcan ventajas indiscutibles para el partido en el poder y su candidato.
En paralelo, los discursos de la oposición ya anticipan conflictos postelectorales en caso de no resultar favorecidos con los resultados, lo que también es inadmisible por contravenir más allá de la responsabilidad de las instituciones electorales, las decisiones de un electorado a favor o en contra de una opción política; sin procesar legalmente las inconformidades o inconsistencias.
La jornada electoral del próximo 4 de junio deberá procesarse con mucha rapidez, ante la posibilidad de que sea un resultado muy cerrado, que exigirá de procesos transparentes en el conteo de votos para sopesar su validez.
Como todas las reformas electorales en México, desde ahora se anticipan modificaciones en retrospectiva. Es decir, las reformas legales que pudieran derivar de la elección del próximo domingo estarán en función de las deficiencias o vacíos legales existentes, para evitar las inequidades de la campaña en marcha, y no como una prospectiva de futuras elecciones.
El órgano electoral pasa inadvertido ante una guerra sucia que desalienta en gran medida la participación ciudadana en los comicios. Hasta ahora, las instituciones electorales parecen limitarse a atender temas de escritorio y a generar un monitoreo simulado de los gastos de campaña, en medio de una flagrante conducta que vulnera toda equidad, legalidad y certeza.
Todos los candidatos y partidos sin distingo, cruzaron acusaciones de corrupción, ineficacia, negligencia, conflicto de interés, nepotismo y enriquecimiento en sus responsabilidades públicas anteriores. El común denominador de las campañas se concentró en los defectos del contrario, donde la última opción de los electores parece encaminada a sufragar a favor del menos malo.
La calidad de la democracia exige transitar por la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones más allá de las elecciones. No obstante, en los comicios falta mucho para presumir de absoluta libertad entre los votantes, derivado del clientelismo que prolifera entre los partidos y candidatos; sin que la autoridad electoral imponga las condiciones suficientes de equidad.
Por eso desde ahora, se pone en entredicho el resultado, mientras que ante la falta de certeza institucional, el resultado anticipado es que el vencedor de la contienda sea el abstencionismo, acompañado de hartazgo, apatía y desconfianza.
