La agenda pública ha sido ocupada por la inconformidad social creciente a la construcción de dos pasos vehiculares a desnivel para dar acceso a una plaza comercial en Toluca, cuyo capricho empresarial y complicidad gubernamental, implicaría la tala injustificada e insostenible de doscientos árboles asentados en el emblemático Paseo Tollocan, que dota de identidad a la capital mexiquense.
De inmediato, la acción anunciada por las autoridades oficiales ha despertado un rechazo ciudadano inédito para una sociedad catalogada como fría, apática e indiferente. Como pocas veces se recuerda en la memoria colectiva, las instancias gubernamentales y los intereses económicos, se han topado con una oposición apartada de ideologías y unida por la protección ecológica.
Muy por el contrario, los ciudadanos toluqueños se han involucrado a través de una protesta social pacífica, acompasada por el resguardo de los árboles, una guardia permanente y hasta algarabía musical y cultural para defender el espacio público, acciones que en su conjunto han encontrado amplio impulso y difusión en redes sociales, medios tradicionales y digitales, para defender una causa común que parece concitar aspiraciones genuinas de las futuras generaciones: la defensa de su entorno, mediante la preservación y el cuidado ambiental.
Desde el gobierno mexiquense, sólo se ha recibido un aplazamiento de la decisión ya tomada por derribar los árboles que les estorban en su empecinamiento por urbanizar la zona comercial. Sin escuchar razones ni abrir un diálogo, se han limitado a prolongar la obra pública el tiempo necesario para que el movimiento ciudadano pierda fuerza, memoria y orden.
La política ambiental eruvielista ya se ha doblegado al proyecto empresarial que pretende imponer asfalto por encima de la protección ambiental. El acercamiento de funcionarios estatales con la sociedad civil no tiene la mínima intención por desistirse, bajo la justificación de que plantarán otros miles de árboles, en un argumento que parece sistemático y coincide con la defensa por el derribo de miles de árboles durante la construcción de la autopista Lerma – La Marquesa.
Otra vez, para el gobierno, ya sea federal o estatal, importa más el impulso de intereses económicos y la irreversible urbanización para asfaltar donde antes existía un entorno natural. Y una reforestación que hasta hoy parece invisible, o que al menos el gobierno ha sido incapaz de volverla realidad.
La plaza comercial, implantada hace unos cuantos años, ha dispuesto que para su éxito particular es necesario acabar con el entorno natural, y con ello privilegiar la circulación de automóviles y ampliar la emisión de contaminantes en una arteria sumamente transitada, y que abona sexenio tras sexenio a un entorno inaceptable, ya sea por la ampliación de carriles, la construcción de puentes vehiculares, y ahora hasta pasos a desnivel, que pretenden inundar la zona con miles y miles de vehículos para saciar las ganancias de unos cuantos.
Lo cierto es que, en el fondo, se advierte la soterrada pretensión de Eruviel Ávila por talar los árboles e iniciar los pasos a desnivel antes de que concluya su mandato, para asumir un costo político que representará una afrenta social, y con ello evitar un primer desgaste público a su eventual sucesor, Alfredo del Mazo, pero sobre todo, cumplirle a los empresarios que allí invirtieron, aunque eso signifique incumplirle a los mexiquenses, que se oponen a dicha obra.
