Juan Antonio Mayen Saucedo, alcalde de Jilotzingo, acribillado la semana pasada, simboliza la grave crisis por la que atraviesan las instituciones del Estado encargadas de combatir el delito en todas sus dimensiones, ante la presunción de que su asesinato está vinculado por su involucramiento con organizaciones criminales.
Más allá de los tintes políticos que se pretendan asumir, la línea de investigación más firme, que implica que organizaciones criminales hayan afianzado su influencia y operación desde la oficina del presidente municipal, representa una severa afrenta no sólo para el ayuntamiento sino para el gobierno del Estado de México que encabeza Eruviel Ávila Villegas.
No existen justificaciones que permitan asumir con normalidad el asesinato de un presidente municipal, pues se trata en esencia de un acto que desafía a todas las instituciones del Estado, ante su incapacidad por frenar la incidencia delictiva y que pretende lanzar un mensaje sobre su empuje para abarcarlo y dominarlo todo, pese a los esfuerzos ínfimos por abatir la criminalidad.
Más preocupante resulta que, a pesar de que las autoridades mexiquenses, encabezadas por José Manzur Quiroga y Alejandro Sánchez Gómez, reconozcan que sabían de los vínculos criminales del edil acribillado, pero fueron omisos, negligentes e irresponsables para proceder en su contra.
Las consecuencias son irreversibles con un asesinato que les espetó para ahondar en su falta de credibilidad y en la severa crisis de inseguridad, razón por la cual fueron enviados al Estado de México desde hace un par de años en sustitución de Efrén Rojas y Contreras Nieto, pero que a la fecha no han podido resolver ni siquiera avanzar con mejores cifras o percepción social.
Hay motivos para preocuparse y para lamentarse, pero sobre todo para exigir un cambio en la estrategia que recupere la tranquilidad y la paz social de la entidad. De acuerdo al diario Reforma, aun cuando en el Estado de México se localizan 71 de las 122 Bases de Operaciones Mixtas (BOM) con presencia del Ejército Mexicano, el Estado de México lidera los primeros sitios de incidencia criminal, como muestra inequívoca de un fallido combate delictivo.
De enero a marzo, en el Estado de México se registraron 502 homicidios dolosos, ubicado en segundo lugar nacional, sólo debajo de Guerrero con 514 asesinatos. En el mismo periodo, se reportaron 90 secuestros (30 de ellos denunciados ante la PGR) , en primer sitio de la estadística. Y también acumuló la primera posición en el robo de vehículos con 5 mil 792 denuncias, lo que representó el 52 por ciento de los 11 mil 69 ocurridos a nivel nacional.
El homicidio del alcalde de Jilotzingo es apenas la punta de Iceberg, ante el rebase que enfrentan las autoridades mexiquenses por contener la inseguridad que azota al Estado de México, lo mismo en zonas urbanas que rurales, sin distingo de delincuencia común u organizada, que laceran las estructuras sociales y vulneran lo mismo la integridad de las personas y su patrimonio.
Es tiempo de que las autoridades asuman un papel de autocrítica para revertir la tendencia delincuencial, a partir de una toma de decisiones distinta que posibilite que la paz social regrese a las calles y las casas de los mexiquenses.
