Toluca, Edomex. 2 de marzo de 2015.- La tragedia ocurrida la semana pasada en el Instituto Cultural Paideia, en la cual un menor perdió la vida derivado de un accidente al interior de la escuela, pone de manifiesto una serie de omisiones y hasta eventuales negligencias toleradas y permitidas no sólo por la escuelas privadas y públicas sino fundamentalmente por las autoridades gubernamentales.
En lo que parece una forma sistemática de su actuación, el gobierno estatal salió a soportar la vorágine de reclamos entre la opinión pública y las redes sociales a través de una actitud reactiva, donde se advierte que carece de tareas proactivas y preventivas para cualquier eventualidad. Se trata de una circunstancia que por desgracia parece una rutina en el desempeño de los funcionarios públicos y su alto grado de responsabilidad.
Con altísima frecuencia, las autoridades han mostrado impericia, incapacidad y hasta irresponsabilidad de las instituciones que tanto se defienden en los momentos siempre aciagos. Después de ocurrida la tragedia, los gobiernos han tratado de enmendar apresuradamente, y a base de discursos, una situación por demás lamentable y de profundo impacto para la ciudadanía.
En tanto, del Instituto Cultural Paideia -una de las instituciones educativas de mayor prestigio en el Valle de Toluca- se evidenció la falta de protocolos para atender una emergencia que cobró la vida de un menor. Y más allá de un percance lamentable e irreversible, se exhibe una actitud reprobable que debiera poner en alerta en general a las escuelas públicas y privadas de la entidad, por no saber atender un accidente sufrido por uno de sus estudiantes, que al final le costó la vida.
Ahora, de forma reactiva, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Secretaría de Educación Pública por separado, investigan la posible omisión en que haya incurrido la escuela, o bien, posibles irregularidades y aspectos que pongan en riesgo la integridad de los alumnos. Lo recomendable sería que las autoridades actuaran siempre de forma preventiva para evitar acontecimientos que resultan trágicos, frente a aspectos básicos, como el establecimiento de protocolos para atender accidentes al interior de instituciones educativas.
Por ahora el control de daños ha sido insuficiente. La indignación social que ha causado revuelo entre la opinión pública, muestra que no basta con advertencias discursivas, en la medida en que el mayor silenciamiento ha venido de las autoridades de la escuela, al no dar una versión oficial de los hechos ni atender oportunamente a los padres del menor, quienes fueron avisados del accidente, cuando el menor ya había perdido la vida.
En el futuro inmediato, lo que espera la ciudadanía son acciones contundentes que incidan en que las escuelas cumplan con lineamientos específicos para garantizar la integridad de sus estudiantes, pero particularmente, de encontrarse responsabilidades en las autoridades del Instituto Cultural Paideia, se establezcan sanciones ejemplares, aunque eso no revierta el fallecimiento del menor.
Por ahora, prevalece en el imaginario colectivo un trato preferencial a la escuela Paideia, derivado de su influencia entre la clase empresarial y política del Valle de Toluca, pero es momento de eliminar privilegios, y actuar con absoluta legalidad, para evitar la impunidad en caso de que haya lugar a responsabilidades administrativas o penales.
Basta recordar que no es la primera muerte de un alumno registrada al interior de un espacio educativo. A principios del mes pasado, una menor también falleció en clase de educación física en una escuela pública de ciudad Nezahualcóyotl, donde sí se fincó responsabilidad a las autoridades de aquel centro educativo.
Se trata de recomponer la credibilidad en las instituciones y también atender a las víctimas de este lamentable accidente, que incluya el resarcimiento a los padres del menor que acusan omisiones, negligencia y hasta posible complicidad.
La tragedia ocurrida en Paideia no puede omitirse ni quedar en un simple anecdotario de la administración eruvielista. En esencia, debiera convertirse en una consigna para que el gobierno deje su actitud reactiva por una tarea más proactiva en todos los ámbitos de su competencia, responsabilidad y facultades. Eso permitiría devolverle la confianza a las instituciones y creer que las instituciones están haciendo su tarea
