Una desatada ola de violencia en los primeros seis meses del año en curso pone de manifiesto la dimensión del fracaso institucional por la que atraviesa el Estado de México. Las cifras oficiales apuntan al registro de mil 032 asesinatos dolosos en el primer semestre de 2016, que documentan que la estrategia en materia de seguridad pública no ha otorgado los resultados por contener la violencia en el estado más poblado del país, lastimado por un rompimiento en el tejido social.
Para evaluar el tamaño del problema, en Ecatepec, la tierra natal del gobernador Eruviel Ávila, en el mismo periodo se registró un incremento del 10 por ciento en materia de robos. Tan sólo entre enero y junio de 2016, se reportaron 6 mil 61 averiguaciones previas por robos comunes, de las cuales 4 mil 271 fueron con violencia. El promedio por el delito de asalto, alcanzó una cifra de 32 robos por día a casas, transportistas, vehículos, entre otros.
En la semana recién concluida, el gobernador Eruviel Ávila y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong encabezaron un evento público, con la intención de recuperar la tranquilidad en Ecatepec, el municipio más violento del país condenado a una alta incidencia delictiva bajo la justificación de que también es el más poblado del país. En el fondo, parece que no hay políticas públicas suficientes para revertir la tendencia criminal de un municipio que lidera la cifra de homicidios, violaciones, secuestros, asaltos, lesiones y más.
De poco o nada sirve el despilfarro presupuestal de fondos de seguridad pública, la permanente capacitación de policías municipales, el despliegue de fuerzas castrenses y de seguridad, el mando único y la implementación de programas y estrategias que desde hace años resultan insuficientes. Ha podido más el crimen organizado que la desorganización institucional para hacer frente a una incidencia de violencia que no cede un ápice en la estadística delincuencial.
El Estado de México, registra los lugares más apremiantes en la ocurrencia de homicidios dolosos, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por reducir la violencia. En materia de asesinatos con arma de fuego, suman más de 600 los crímenes, para un promedio de 100 ejecuciones mensualmente, que pone de manifiesto la incapacidad de abatir la inseguridad en territorio mexiquense.
Hace más de dos años, que el propio Osorio Chong de la mano de Eruviel Ávila, anunciaron un programa permanente de seguridad, que implicó además una sacudida al gabinete eruvielista con la llegada de José Manzur, Alejandro Gómez Sánchez y Damián Canales, para revertir la estadística delictiva que hasta hoy ha sido incumplida en sus promesas, en sus discursos y sus expectativas.
La presencia de células del crimen organizado ha rebasado la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado. No sólo se trata de sortear un comparativo con las cifras delictivas, hasta hoy en incremento, sino además con la percepción social que denota una realidad lacerada por la violencia.
Hoy, no se visualiza un cambio en la estrategia contra el crimen organizado o la delincuencia común, y por esa misma razón no se avizora una reducción en las cifras delictivas que posicionan al Estado de México en los primeros lugares de una deshonrosa violencia que prevalece en la realidad por más que se pretenda suavizar en la construcción discursiva de sus autoridades, y que lastima irreversiblemente la integridad de los mexiquenses y de su patrimonio.
