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Redacción

Toluca, Edomex, 5 de enero de 2023.-  La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los órganos de control de esta institución han iniciado indagatorias  para determinar si alguno de los servidores públicos FGJEM que intervinieron en la integración de la  carpeta de investigación sobre la muerte del vendedor de tamales,  Jorge Claudio, ocurrida  el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Izcalli, incurrió en alguna responsabilidad penal o administrativa.

Tanto el ministerio público, como secretario, auxiliares y peritos que participaron en la integración de la carpeta de investigación fueron separados temporalmente de su cargo para que se realicen las investigaciones pertinentes,

Esta investigación se ordenó, luego de que existen sospechas de que hubo una actuación irregular de los servidores públicos que intervinieron en la integración de la carpeta de investigación por la muerte de Jorge Claudio, pues ellos determinaron poner en libertad al responsable del homicidio del vendedor de tamales, aduciendo que se trató de un delito imprudencial.

Gracias a la presión social y de los familiares de la víctima que hicieron movilizaciones en protesta por la liberación de Ken Omar, el conductor del auto que arrojó a Jorge Claudio,  el gobernador Alfredo Del Mazo pidió a la Fiscalía revisar el caso para que no hubiera impunidad por la muerte del vendedor de tamales, pues el responsable de privarlo de la vida no solo conducía a exceso de velocidad sino en evidente estado de ebriedad.

Después de la revisión del caso, la Fiscalía mexiquense reclasificó el delito  y fue entonces que la muerte de Jorge Claudio fue catalogada como un homicidio doloso, en lugar de un homicidio imprudencial.  Esto permitió la recaptura del responsable.

Este jueves, la FGJEM informó que fue el propio fiscal general, José Luis Cervantes Martínez quien instruyó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, para que en el ámbito de su competencia iniciaran las investigaciones para deslindar posibles responsabilidades penales y administrativas en contra de los servidores públicos que tuvieron intervención durante los actos de investigación, dictamen, integración y determinación de la carpeta de investigación por la muerte del tamalero.

En razón de ello, “el personal de agentes del ministerio público, peritos y policías de investigación que intervinieron y actuaron en la indagatoria, fueron separados de sus funciones sustantivas a efecto de facilitar la actuación de los órganos señalados, toda vez que se presumen irregularidades posiblemente constitutivas de responsabilidad penal y/o administrativa”.

La FGJEM recalcó que en  caso de que se acrediten las responsabilidades, se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

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