Israel Dávila
Toluca, Edomex. 25 de julio del 2021.- La mayoría de los consejeros estatales del PRD en el Estado de México dieron, este domingo, el primer paso formal para destituir al presidente del partido en la entidad, Cristian Campuzano a quien acusan de omisiones y faltas a sus obligaciones al frente de este instituto político.
En una sesión extraordinaria del Consejo Estatal a la que asistieron 118 consejeros, 117 votaron por la creación e instalación de una comisión especial que investigará el actuar del presidente del Comité Ejecutivo Estatal Cristian Campuzano y el próximo 8 de agosto presentará su dictamen al consejo para ver si procede o no su remoción como dirigente del partido.
Además, este grupo de consejos, sustituyó a dos integrantes de la dirección estatal, ante las licencias definitivas de Viridiana Fuentes y Elida Castelán, –diputadas locales electas— con lo que la correlación de fuerzas del propio Comité Ejecutivo Estatal cambia y ahora favorece al bloque que pretende destituir al presidente del partido en el estado. En la secretaría de agendas quedó Claudia Bautista y en la de comunicación Tomás Octaviano Félix.
Cristian Campuzano Martínez, presidente del PRD mexiquense, recalcó que las determinaciones tomadas en este “supuesto consejo estatal”, carecen de validez, pues no se cumplió con la legalidad formal para convocar a la sesión extraordinaria del consejo.
A su decir, los únicos facultados para convocar a consejo estatal son: el presidente del partido, o sea él, o la mesa directiva del consejo, integrada por 3 miembros. — Federico Aguilar, de la corriente de ADN; Zurizaday Rodríguez Flores, y Daniel Morales Casasola, incondicionales a Cristian Campuzano— y ninguno de estos dos supuestos se cumplieron, por lo que a decir de Campuzano, el consejo celebrado este domingo carece de validez.
En contraparte, Javier Rivera, secretario general del PRD mexiquense, indicó que el articulo 23 del estatuto señala que existe una tercería vía para convocar al consejo, y es a través de un tercio de los consejeros.
Rivera explicó que durante semanas, él mismo y varios militantes y miembros de la dirección estatal le solicitaron a Cristian Campuzano convocar a consejo, a lo que sistemáticamente se negó.
Luego se solicitó que la mesa directiva del consejo emitiera convocatoria, pero dos de sus integrantes –los incondicionales de Campuzano—nunca asistieron a las reuniones convocadas por el presidente de la mesa directiva para este efecto.
En tal virtud, 94 miembros de los 170 que integran el consejo, solicitaron formalmente al presidente y a la mesa directiva convocar a sesión extraordinaria, y al no tener respuesta, ellos mismos emitieron la convocatoria , lo que a decir de Javier Rivera sí está contemplado e las normas internas del PRD.
Además, reveló Rivera, a la sesión del consejo estatal asistió la consejera Araceli Fuentes Cerecero, quien es secretaria particular de Cristian Campuzano, y solicitó una moción suspensiva para que el consejo no se desarrollara.
La solicitud fue desechada por la inmensa mayoría , quien votó por dar trámite a los asuntos agendados.
“Con la presencia de Araceli Fuentes Cerecero, validaron la propia sesión del consejo. Si decían que era ilegal, porqué se tomaron la molestia de venir y tratar de que la sesión fuera cancelada”, explicó Rivera, quien insistió que todos los acuerdos tomaron hoy por el consejo son legales y válidos y a aquel o aquellos que no lo consideren así podrán recurrir a los tribunales o al órgano intrapartidario para que resuelva lo conducente.
Rivera explicó que las omisiones en que ha incurrido el presidente del partido son varias y por mencionar alguna dijo que no ha convocado a consejo para aprobar un presupuesto anual para este 2021; tampoco ha presentado un informe de lo realizado en 2020 ni el plan de acción y organización del partido para el 2021. “Eso está dentro de su facultades y ha faltado a ellas”.
La comisión que investigará las faltas en que ha incurrido Campuzano quedó integrada por Fernando Martínez Vargas, Irene Montiel, ex regidora de la Paz; y Julieta Flores Medina, ex directora de administración del comité estatal.
Rivera insistió en que no se trata de «un golpe de estado» sino de una estrategia reorganización para enfrentar las elecciones del 2023, que es respaldada por una amplia mayoría del partido.
