Redacción
Ciudad de México, 15 de diciembre del 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobierno del estado de México, así como a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu), y del Medio Ambiente del gobierno federal, por no haber tomado en cuenta a comunidades indígenas de Lerma y Huixquilucan, en el proyecto de construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, el cual se elaboró hace diez años.
El organismo protector de los derechos humanos, consideró que las dependencias federales y el gobierno mexiquense nunca consultaron a las comunidades otomíes de San Francisco Xochicuautla, La Concepción Xochicuautla, y San Lorenzo Huitzizilapan, del municipio de Lerma, así como Santa Cruz Ayotuxco, ubicada en Huixquilucan, del proyecto carretero que afectaría a sus localidades.,
La CNDH comprobó que el proyecto carretero inició el 5 de diciembre de 2006, fecha en que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) del Estado de México emitió́ la convocatoria de licitación pública SCEM-CCA-01-06, sin consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista, y de manera unilateral elaboró un anteproyecto de la ruta y estudios de prefactibilidad, impacto ambiental, tenencia de la tierra, evaluación económica y análisis financiero.
También se corroboró que no existió́ verdadera consulta a los integrantes de la comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes se quejaron tampoco autorizaron la expropiación de tierras, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.
“Nunca se advirtió́ de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó́ sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó́ en un lugar ajeno a ésta y de último momento, se cambió́ a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Además, la consulta se realizó́ en una semana, tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”, señala la CNDH en su recomendación 56 de este año.
la CNDH recomienda a la SEDATU publicar en el Diario Oficial de la Federación, una circular que establezca la obligación de los servidores públicos de integrar expedientes relacionados con proyectos institucionales en los que se vean afectadas comunidades indígenas, se observen las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa; se imparta un programa integral de educación, sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para implementar consultas indígenas.
A la SEMARNAT recomendó́ publicar, en el Diario Oficial de la Federación, una circular que establezca la obligación de los servidores públicos para que, antes de emitir cualquier tipo de permiso o autorización en materia ambiental que afecte a las comunidades indígenas, se observen normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales, en consulta previa; se imparta un programa integral de educación sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas.
Se instruya a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigile el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan, así́ como la verificación de los convenios con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, para los tramos de Áreas Naturales Protegidas de los Parques Estatales Otomí́-Mexica y el Santuario del Agua de la Subcuenta Tributaria del Rio San Lorenzo; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para implementar consultas indígenas.
Al Gobierno del Estado de México recomendó́ mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto e implementar un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien; en la construcción de la autopista se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla.
La CNDH afirmó que dará seguimiento puntual a la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el recurso que promovieron los comuneros de Xochicuautla en contra del decreto de expropiación de sus tierras.
Esta carretera está siendo construida por Autovan, una filial de Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas consentidos por Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador del estado de México.
El gobierno mexiquense proyectaba que la carretera se concluyera este año, pero los recursos jurídicos promovidos por Xochicuautla han impedido terminar la obra.
