Redacción
Toluca, Edomex. 4 de diciembre del 2015.- Los siete policías ministeriales que fueron acusados de tortura presuntamente por haber maltratado y abusado de tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio del año pasado, tendrán que esperar un mes más para saber si serán enjuiciados por este delito o bien se decreta el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos.
El ministerio público que inició la investigación contra estos servidores públicos solicitó una prorroga a un juez de control para concluir la indagatoria –pues el plazo para ello vencía el 2 de diciembre—ya que aun faltan algunas testimoniales que recabar que serían fundamentales para sostener la acusación que se ha hecho en contra de estos policías por el delito de tortura.
La investigación se inició a raíz de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) por los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, donde se confirmó que un grupo de militares acribillaron a 22 personas cuando estas ya se habían rendido tras un enfrentamiento a balazos.
De acuerdo con la CNDH, la PGJEM incurrió en irregularidades graves, como el hecho de haber tolerado que la escena del crimen se alterara para que no se conociera la verdad de los hechos, es decir, que la muerte de las 22 personas fue producto de una ejecución extrajudicial.
Pero además, el organismo constató que tres mujeres sobrevivientes a esos hechos, –que en un inicio fueron acusadas de portación de arma prohibida y luego se les reconoció como víctimas—fueron presionadas, abusadas y maltratadas por personal de la PGJEM, cuando iban a dar su testimonio sobre los hechos.
A raíz de la recomendación, la Fiscalía para investigar delitos cometidos por servidores públicos indagó y pudo establecer que siete policías ministeriales habrían incurrido en conductas que son tipificadas como tortura, por lo que consignó el expediente a un juez en julio del año pasado.
Tras valorar las primeras pruebas, el juez concedió las ordenes de aprehensión y luego decretó el auto de vinculación donde dio un plazo de cuatro meses para que se terminara de integrar el expediente.
Los siete policías acusados de tortura fueron identificados como Alan Guillermo Gómez Sánchez, Edgar Bibiano Amando, Alejandro Martínez Reyes, Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes con el pago de una fianza de 60 mil pesos cada uno, pudo recuperar su libertad y enfrentar sin prisión preventiva la imputación.
Con la prorroga otorgada por el juez será hasta el 11 de enero cuando se realice una audiencia de cierre de investigación y el ministerio público decida si tiene los elementos de prueba necesarios para someter a juicio a los policías o bien, opta el ejercicio de la acción penal por falta de pruebas.
