Redacción
Valle de Bravo, Edomex 4 de agosto de 2016.- Un juez de distrito en materia administrativa y de amparo con sede en Toluca dio entrada al juicio que promovió la familia Villalpando en contra de la expropiación de un inmueble de más de mil 400 metros cuadrados ubicado en Santa María Ahuacatlán, Valle de Bravo, y concedió una suspensión provisional que impide, temporalmente, el desalojo que pretendía hacer, este viernes, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas.
Familiares y amigos de Don Mario Villalpando y de su hijo Arturo, realizaron una marcha por las calles del centro vallesano para exigir al gobierno mexiquense, desistir del desalojo que pretendía consumar este viernes, de este inmueble, donde los Villalpando han vivido más de 40 años.
El pasado 27 de junio, el gobierno de Eruviel Ávila publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno un decreto expropiatorio de dos inmuebles: uno de mil 469 metros cuadrados y el otro de mil 480 metros, ubicados en las calles, Fray Gregorio Jiménez de Cuenca y Manuel P Archundia, en el barrio de Santa María Ahuacatlán, Valle de Bravo por «causa de utilidad pública” para “la construcción de una Plaza Estado de México, que contará con áreas culturales, deportivas, recreativas y jardines.
Un mes después, el viernes 29 de julio, a la vivienda de Don Mario Villalpando llegó un funcionario mexiquense acompañado de policías estatales para notificar al octogenario que su casa y terreno habían sido expropiados por el gobierno estatal.
Don Mario y su hijo se quejaron de que nunca fueron notificados con antelación del inicio del proceso de expropiación. Los policías y el funcionario informaron que tendrían una semana para desalojar el predio, pues de lo contrario se usaría la fuerza pública.
Ni a Don Mario y ni a su hijo se he acercado algún servidor público para tratar de negociar la indemnización a la que tienen derecho por la expropiación, ni tampoco se les ha notificado cuanto les pretenden pagar por su vivienda y el terreno.
A decir del decreto expropiatorio, se realizará un avaluó del inmueble y se pagará a precio catastral y no comercial.
Los Villalpando consideran que esta esta acción no sólo es arbitraria sino ilegal, por lo que contrataron a un abogado quien promovió el juicio de amparo, el cual el juzgado aceptó a trámite y concedió la suspensión provisional.
