Redacción
El juzgado segundo de distrito en materia civil del Estado de México solicitó a los 34 mil ciudadanos mexiquenses que firmaron la solicitud de amparo contra el aumento a la tarifa del transporte en la entidad, ratificar su petición para obtener la protección de la justicia federal ante la acción de autoridad que ejerció el gobierno del estado, al autorizar a los concesionarios incrementar de siete a ocho pesos, el precio del pasaje de las unidades de transporte de ruta fija.
A decir de la notificación que publicó el juzgado en estrados, los 34 mil ciudadanos tienen cinco días para ratificar su adhesión al documento, ya que de lo contrario se dará por no presentado.
Además, se pide a cada uno de los firmantes que especifique qué ruta toman, cómo fueron afectados y en qué momento se les aplicó el aumento.
En el expediente presentado al juzgado el pasado 25 de julio por el diputado panista, Alfonso Bravo Álvarez Malo y el dirigente estatal del PRD, Juan Hugo de la Rosa, junto con integrantes del colectivo Metrobús Toluca Ya, se demanda al Poder Judicial que conceda la suspensión del incremento a la tarifa del transporte autorizada por el gobierno estatal el pasado 15 de mayo— en tanto se resuelve el fondo del asunto.
La petición de amparo se fundamenta en que el gobierno mexiquense no ajustó su actuar al procedimiento que marca el Código Administrativo del estado de México, que señala que una medida como el aumento a la tarifa del transporte, requiere de una consulta a la ciudadanía, lo cual nunca ocurrió.
La tarde de este martes, el diputado Alfonso Bravo solicitó a los 34 mil firmantes acudir a las oficinas del juzgado para ratificar su petición para obtener la protección de justicia federal. Las 34 mil firmas se obtuvieron en un plazo de un mes, y luego de colocar mesas receptoras en diferentes puntos del estado. “Queremos demostrar el absurdo que está pidiendo el juez; cómo le hará para procesar al menos mil firmas” ese día.
En tanto Juan Hugo de la Rosa, dirigente del PRD en la entidad, consideró la solicitud del juzgado como un “sinsentido” ya que solicitar que los 34 mil firmantes acudan en un plazo de cinco días a ratificar su adhesión al documento, “es una labor humanamente casi imposible de cumplir”
“El juzgado dice que firman menores de edad, sin embargo, no especifica cuáles de las firmas que sustentan el documento pertenecen a menores de edad”.
Nos pide que establezcamos qué acto se le atribuye al gobernador, cuando él es el responsable de todos los actos que se realicen por parte del Poder Ejecutivo, si bien el secretario de transporte es el que opera; también nos preguntan de manera ridícula si queremos responsabilizar a la Gaceta de Gobierno; todo esto es un exceso, dijo de la Rosa.
Mientras está abierta la convocatoria para que el jueves acudan a mediodía al menos mil firmantes al juzgado, se instaló una mesa jurídica en PAN y PRD que se encargarán de elaborar un recurso de queja por la solicitud “absurda” del juez, y el trámite legal que se tiene que realizar para solicitar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, atraiga el caso.