Israel Dávila
Toluca, Edomex 14 de mayo del 2019.- Familiares de víctimas de desaparición solicitaron este martes a los diputados locales que fijen en la ley sanciones severas para los servidores públicos que se nieguen a iniciar de forma inmediata una carpeta de investigación por desaparición.
Los familiares informaron que aun cuando existen protocolos que indican que el expediente debe ser iniciado inmediatamente pues las primeras horas son cruciales para dar con el paradero de la víctima, en la práctica, los ministerios públicos de la Fiscalía de Justicia mexiquense siguen escudándose de que deben pasar 72 horas para levantar la denuncia.
Durante un foro de discusión sobre la iniciativa de Ley de la Desaparición Forzada y la Cometida por Particulares del Estado de México, los parientes de víctimas y colectivos civiles de búsqueda reprocharon una vez más que las autoridades siguen siendo “indolentes” para atender y combatir este delito en la entidad
Prueba de ello fue el reclamo de los familiares de víctimas quienes se quejaron de la actitud del secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, pues solo asistió al evento protocolario de inauguración del foro, y no se esperó a las mesas de trabajo donde los parientes de víctimas y colectivos de búsqueda de expondrían sus comentarios y propuestas en torno a la ley. “Si no tienen la sensibilidad y empatía para escucharnos, menos la tendrán para aplicar de forma correcta la ley”, expresó la madre de un niña desaparecida hace seis años.
Pero no fue la única autoridad cuestionada, pues también hubo reproches para el gobierno federal y para algunos alcaldes. Por ejemplo, se quejaron de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas no se reunido con ellos, a pesar de que existe una solicitud formal para un encuentro desde enero pasado, así como el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien le ha dado largas para el encuentro, aun cuando es el municipio es donde se registran el mayor número de desapariciones.
“Si tanto hablan de que la desaparición es prioridad, pues que se demuestre en los hechos”, expresó la madre de una niña desaparecida hace seis años.
De paso, recriminaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó más recursos al béisbol, su deporte favorito, que lo que destinó a los programas de búsqueda de personas desaparecidas.
Datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, señalan que del 2015 a la fecha, son casi 5 mil personas las que permanecen en calidad de desaparecidos en el territorio estatal.
El diputado local Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, afirmó que en los últimos seis años, el fenómeno de la desaparición aumentado más de 600 por ciento en el estado de México, lo que demuestra lo alarmante de la situación.
Los colectivos hicieron una serie de planteamientos para enriquecer la ley Desaparición Forzada, entre ellos, que las tomen en cuenta en el proceso de investigación y búsqueda, pues regularmente ellos poseen más información que puede ayudar a dar con el paradero de la víctima.
También solicitaron agentes del ministerio público y policías de investigación especializados en desapariciones, con mayor capacitación y sensibilidad en el tema; más médicos legistas para el servicio médico forense y que en cada una de las Fiscalías Regionales de Justicia cuente con una mesa especializada de desapariciones; que haya sanciones para los servidores públicos que no cumplan con su deber en las etapas de investigación y búsqueda y que se tomen en cuenta las acciones de búsqueda que realizan los propios colectivos para dar con el paradero de los desaparecidos.
Diputada demanda fortalecer instancias con mayor presupuesto
La diputada Karina Labastida Sotelo, autora de la iniciativa de la Ley de Desaparición Forzada y la Cometida por Particulares del Estado de México solicitó a las autoridades asignar mayores recursos presupuestales a las instancias encargadas de la búsqueda de personas, pues se ha dado el caso de que cuentan con asignaciones simbólicas.
“De nada o poca utilidad va a servir tener un marco legal en la materia si las dependencias que deben apegarse al mismo no ejecutan con eficiencia o suficiencia las acciones que de él se desprende. Lo anterior, porque durante el año pasado en el Estado de México, pese a la gravedad del problema)los recursos canalizados a la búsqueda de personas desaparecidas fueron casi simbólicos con relación a la dimensión del problema, pues solo se asignaron 261 mil pesos, “explicó,
Dijo que para este este año, con la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda se han signado acuerdos para destinar más recursos a esta materia. Señaló que en el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para las entidades federativas FASP se asignaron 497 millones de pesos de parte del gobierno federal, y 124 millones de parte del gobierno mexiquense, lo que hace un total de 621 millones de pesos.
“Estos fondos tendrían que aplicarse para la integración de las Brigadas de Búsqueda; el desarrollo de bases de datos para identificación, laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo y el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda, entre otras cosas.
Además, sostuvo, que el gobierno federal ha anunciado otra partida de 400 millones de pesos para la búsqueda de personas, de los cuales 200 millones se distribuirán a las entidades federativas.
“La comisión estatal de búsqueda, de reciente creación, está urgida por desarrollar su estructura y desplegar plenamente sus acciones, al igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México u de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos”, apuntó.