Redacción
Toluca, Edomex. 4 de diciembre del 2025.- El pleno del Congreso mexiquense aprobó reformas a diversos ordenamientos legales para obligar a los establecimientos comerciales de índole turistico implimentar un protocolo en el que se incluyen medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes e implementar acciones preventivas y de intervención para detectar y prevenir posibles delitos, como la explotación sexual infantil, durante la prestación de servicios de hospedaje o alojamiento.
El dictamen leído en tribuna por la legisladora Susana Estrada Rojas (morena) reforma las leyes estatales de Turismo Sostenible y de Desarrollo Artesanal, así como la de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas estatales, para establecer que las unidades económicas que ofrezcan servicios de hospedaje, junto con cualquier otro servicio adicional, deberán exhibir carteles, infografías o material informativo sobre la prevención de la explotación sexual infantil y la trata de personas, así como sobre las medidas para salvaguardar la integridad de menores de edad.
En este sentido, Estrada Rojas aclaró que la reforma no criminaliza al sector hotelero y enfatizó que el objetivo central es proteger a la niñez del Estado de México utilizando todas las herramientas disponibles. Expresó su convicción de que la legislatura comparte ese compromiso y respaldará las acciones necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de las infancias.
El documento, concerniente a las iniciativas presentadas por la diputada Susana Estrada, así como por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del PAN, detalla que las unidades económicas mencionadas contarán con personal capacitado y sensibilizado por las instancias competentes en materia de prevención, combate y erradicación de la trata de personas y de la explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo.
Al respecto, la parlamentaria Krishna Karina lamentó la gravedad de la explotación sexual infantil y señaló que México ocupa el segundo lugar mundial en este delito. Subrayó que este dictamen representa un paso firme y necesario para garantizar que el turismo en el país sea sinónimo de identidad, desarrollo y bienestar, nunca de violencia.
Además, estarán capacitados en los derechos de la niñez y la adolescencia, para que puedan proporcionar información que facilite la identificación y denuncia de posibles situaciones de riesgo.
Asimismo, dichas unidades promoverán la cultura de la denuncia y, en su caso, reportar de manera inmediata cualquier posible indicio de actos relacionados con la trata de personas o la explotación sexual infantil.
De acuerdo con el dictamen, será obligación de quienes ofrecen servicios de hospedaje, solicitar una identificación oficial con fotografía para comprobar la mayoría de edad de las y los turistas. En el caso de personas extranjeras, deberán presentar su pasaporte o el documento con el que ingresaron al país.
Cuando turistas viajen acompañados de menores, se requerirá la documentación que acredite filiación, parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia, o bien la autorización correspondiente, conforme a lo establecido en el protocolo aplicable.
El protocolo debe ser emitido en un plazo de 180 días por la Secretaría de Cultura y Turismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia mediante la Procuraduría de Protección, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Este mecanismo incluirá medidas para prevenir, detectar, reportar y denunciar casos de abuso y explotación sexual infantil, así como los procedimientos para solicitar asistencia de la Procuraduría de Protección y, cuando sea necesario, la intervención de la Fiscalía estatal.
También contará con acciones de auxilio inmediato a menores en riesgo, así como la instalación y mantenimiento de cámaras de vigilancia en exteriores y áreas comunes. Las grabaciones de dichas cámaras se conservarán durante al menos 60 días, conforme a la normativa de protección de datos personales.
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