Redacción
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) consideró que el encarcelamiento de dos policías del Estado de México por el delito de tortura relacionados con los hechos violentos de San Salvador Atenco en 2006, sólo resultan una apariencia de impartición de justicia donde no se han castigado a los responsables de vejaciones sexuales en agravio de 47 mujeres.
A seis años de distancia, el organismo defensor de los derechos humanos exigió a las autoridades estatales que otorgue a las denunciantes de violaciones sexuales el acceso a la justicia de forma pronta, expedita y eficaz.
La abogada del organismo, Araceli Olivos Portugal, denunció que las autoridades del Estado de México no notificaron a las víctimas sobre órdenes de aprehensión contra policías estatales implicados en el caso.
“Después de seis años aparece esta noticia aparentando una impartición de justicia que no es”, detalló.
Explicó que las autoridades mexiquense prefirieron informar de las detenciones a agentes estatales al Comité Cedaw de Naciones Unidas. Sin embargo, dijo que el Estado mexicano incumplió las recomendaciones que el Comité Cedaw le hizo hace seis años respecto al caso “en el sentido que era la Fiscalía Especializada en Combatir los Delitos contra la Mujer la que debía conocer las investigaciones”.
Olivos Portugal advirtió que las autoridades prefirieron comunicar de las acciones judiciales contra policías a instancias internacionales, a pesar de que el Estado mexicano a quienes les debe rendir cuentas principal y fundamentalmente es a las mujeres denunciantes.
Por delitos sexuales, pese a más de veinte denuncias penales presentadas ante la Procuraduría de Justicia Estatal, sólo se sentenció a un elemento de la Policía Estatal por el delito de actos libidinosos considerado no grave, por lo que enfrentó el proceso en libertad condicional.
