Redacción
En la víspera de las actividades proselitistas del Estado de México, el Instituto Electoral Estatal anunció que para el presente año se contempla un financiamiento de 700 millones de pesos para las actividades ordinarias y de promoción del voto de los siete partidos políticos registrados ante la autoridad comicial y con posibilidad de participar en la contienda de julio próximo donde se renovarán 125 ayuntamientos y 75 diputaciones locales.
Pese a que la reforma electoral de 2007 anticipó una reducción en los gastos de las campañas electorales, derivado de la prohibición a los partidos políticos de contratar espacios publicitarios en medios electrónicos –como radio y televisión-; la propuesta sólo ha quedado como una mera intención ya que hasta el momento –y luego de tres procesos electorales incluido el que ya está en marcha- no se han registrado ahorros en las ministraciones que reciben los partidos políticos.
En las próximas semanas, el órgano electoral mexiquense deberá definir los montos que corresponde a cada partido político de los 700 millones de pesos que se encuentran estipulados para su financiamiento, y cuya fórmula de asignación corresponde al número de votos obtenidos durante las elecciones de 2009. El financiamiento ordinario corresponde a las actividades normales que ejercen los partidos políticos a lo largo del año, mientras que los recursos destinados a la promoción del voto serán asignados entre los meses de marzo y junio, cuando inicien los tiempos de precampaña y campaña de cara a las elecciones de julio próximo.
Sin embargo, los esfuerzos tanto del Instituto Electoral del Estado de México como de los partidos políticos resultan insuficientes en la promoción del voto –cuyos montos financieros son los que ocupan mayores porcentajes-, pues los niveles de abstencionismo promedian un 60 por ciento del electorado que muestra una amplia apatía por participar en los comicios para elegir a sus representantes, pese a contar con el padrón más robusto del país con poco más de 10 millones de votantes. En consecuencia, el costo – beneficio de la democracia resulta un contrasentido para los escasos niveles de participación ciudadano.
Otro de los motivos que conlleva a las autoridades electorales a destinar recursos públicos a las campañas proselitistas, es evitar en gran medida un financiamiento a los partidos políticos y candidatos –cuyo origen pudiera estar relacionado con actividades ilícitas-, sin embargo el dispendio económico que caracteriza a las campañas electorales hace suponer que rebasan con mucho los recursos que les son proporcionados por la autoridad electoral –lo cual está permitido- pero en diversas ocasiones también se encuentra sembrada la duda de que los actores políticos rebasan los topes de campaña en las elecciones.
Aún más, las campañas electorales de 2012 se redujeron a escasos 40 días, en los que candidatos a alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales buscarán convencer a la ciudadanía de ser la mejor opción para sus respectivos cargos de elección popular. Pese a la sustancial reducción en los tiempos de campaña, los partidos políticos y sus candidatos no tuvieron recato para permanecer con un financiamiento que resulta ofensivo frente a las múltiples carencias que enfrenta el estado más poblado del país.
