Redacción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a la investigación sobre presuntas vejaciones sexuales en agravio de 11 mujeres, las cuales habrían ocurrido durante los enfrentamientos de San Salvador Atenco del 3 y 4 de mayo de 2006, entre labriegos de dicho municipio con elementos de las Policías Estatal y Federal, quienes habrían sido responsables de dichos delitos.
Con tal determinación se abre la posibilidad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indague la presunta responsabilidad de elementos policíacos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal en agravio de mujeres que en su momento denunciaron ser víctimas de abuso sexual, en hechos ocurridos durante el mandato de Enrique Peña Nieto, actual aspirante presidencial del PRI.
Durante el 143 periodo ordinario de sesiones de dicho organismo –efectuado entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre-; la CIDH aprobó el informe de admisibilidad “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”. Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes policíacos estatales durante su traslado al penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Las denunciantes son: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela, quienes habrían sido detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
En total, fueron 47 mujeres detenidas en los operativos a cargo del comisionado Wilfrido Robledo Madrid –actual comisario de la Policía Ministerial de la PGR- en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador mexiquense, en un intento por desalojar a un grupo de floricultores en Texcoco.
En su momento, se acreditó que 26 mujeres fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante los aciagos días de mayo de 2006, también se pudo conocer que el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México -entonces encabezada por Abel Villicaña Estrada- se negó a atender las denuncias penales que realizaban dichas mujeres.
En materia penal, sólo un policía fue castigado –bajo la acusación de obligar a una de sus víctimas a realizarle sexo oral- cuya acción fue tipificada como actos libidinosos considerados como no grave por la legislación vigente en la entidad. Mientras que en el ámbito administrativo, una docena de agentes policíacos fueron suspendidos temporalmente por un uso indebido de la fuerza durante dichos operativos, para reintegrarse meses más tarde a sus labores.
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado, aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
Hasta ahora, aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
Sin embargo, la admisión es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
Desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la Comisión y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010, cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, criticaron la actuación de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
