Redacción
Toluca, Edomex. 13 de julio del 2022.- La diputada local por Morena, María del Carmen de la Rosa presentó este miércoles una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y al Código Electoral mexiquense, para obligar a los aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular a presentar, ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la versión pública de sus declaraciones patrimonial, de intereses y la fiscal, como requisito de elegibilidad.
La iniciativa tuvo su origen en un planteamiento que hizo la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción, para buscar mayor transparencia y los ciudadanos tengan mayor información de los candidatos que los representarán en algún cargo público.
La diputad morenista, la retomó y la hizo propia para para presentarla ante la Diputada Permanente y fuera turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
“La idea es reformar la Ley de Transparencia, el Código Electoral y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer como requisito de elegibilidad para cargos de elección pública, presentar ante el IEEM las versiones públicas de sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como la de opinión de cumplimiento fiscal en sentido positivo, firmados con sus respectivos certificados de firma electrónica del SAT”, se explicó en la sesión de la Diputación Permanente.
“Lo que se busca en el fondo es abonar a la transparencia y la rendición de cuentas, incluso antes de ejercer algún cargo público para permitirle a la ciudadanía conocer con antelación quién es el candidato o los posibles vínculos que podrían afectar el ejercicio de su encargo. Pero también se busca tener una una sociedad más informada respecto de quiénes son sus representantes. Y a quienes le están encomendado cargos a través de la representación”, señala la diputada en la exposición de motivos.
La iniciativa fue turnada a comisiones, y para que se aplique en la elección de gobernador deberá ser aprobada antes de que concluya el mes de septiembre, pues los cambios al Código electoral deben ser aprobados 100 días antes del inicio del proceso electoral, programado para enero próximo, para que tengan vigencia durante los comicios.
