Toluca, Edomex; 18 de noviembre de 2025.- La reforma judicial que se tradujo en la posibilidad de que los electores voten para elegir a personas juzgadoras, será un esfuerzo insuficiente, si la justicia sigue siendo inaccesible, lenta y prácticamente inalcanzable. Lo que se vuelve necesario es romper inercias al interior del Poder Judicial, aquellas relacionadas con los tiempos y las formas que no permiten una justicia pronta, imparcial y expedita. Lo cierto es que, para alcanzar un nuevo modelo de justicia, no basta con voluntad política, también se requieren de mayores recursos presupuestales para ampliar las capacidades de salas judiciales y juzgados.
Cuando las personas que tienen la necesidad de acudir a un juicio en materia civil, familiar, mercantil, laboral o hasta penal, vean un acceso a la justicia sin trabas burocráticas o dádivas para los asuntos avancen, se habrá dado un paso al frente de la reforma judicial. Ahí, también transita la importancia de atender las cargas laborales de quienes trabajan en los juzgados, y mejorar las condiciones en que puedan atender sus responsabilidades. Las reformas institucionales o de régimen no suceden por sólo modificar leyes, construir narrativas en el discurso o imponer nuevos magistrados, jueces o juezas.
La gran reforma pendiente, aguarda en la Fiscalía de Justicia, ahí donde prevalece un aparato con amplias resistencias burocráticas. Mientras las autoridades presumen una baja de delitos, la capacidad institucional -como ocurre desde hace décadas- padece para atender las miles y miles de denuncias por actividades criminales. El personal es insuficiente para recibir denuncias, investigar delitos, perseguir delincuentes y acabar con la impunidad. La justicia restaurativa se queda en un anhelo. Los medios de conciliación no terminan por funcionar. Los expedientes se apilan en las oficinas. Mientras que las cárceles advierten una sobrepoblación de presos sin recibir sentencia.
Ese es el modelo de justicia que prevalece en el estado y en el país. Quienes dirigen el Poder Judicial o encabezan la Fiscalía de Justicia, en repetidas ocasiones, toman decisiones desde una burbuja de poder. No padecen la realidad de quienes trabajan en juzgados o en agencias del Ministerio Público. Ahí, donde también, las personas deben peregrinar en busca de justicia. Pueden bajar las cifras de delitos de alto impacto. Lo que también crece son la desconfianza institucional, los porcentajes de impunidad y los tiempos para resolver juicios de cualquier índole. Es ahí, donde la reforma judicial se debe traducir en un nuevo modelo de justicia, y no quedarse en mera campaña electoral.
La reforma judicial debe trascender a las personas y a los partidos políticos. No se trata de modas políticas ni tiempos electorales, mucho menos de ideologías partidistas. Tampoco puede centrarse en un contrapeso político. Su propósito debe ser las personas de la sociedad civil, esas que son ajenas a las estructuras de poder, pero que por diversas circunstancias requieren y exigen justicia.
