Francisco Ledesma / El Estado Fallido sigue ahí
Michoacán es síntoma de un Estado Fallido, una premisa que machacaba en el sexenio de Felipe Calderón desde la oposición, y que a casi dos décadas de distancia no ha podido recomponerse o restituirse, muy a pesar de dos alternancias partidistas y del supuesto viraje ideológico hacia la izquierda política; lo cierto es que, no se trata siquiera de un aspecto partidista, sino de la infestación institucional y su connivencia con el crimen organizado.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es muestra inequívoca de que el crimen organizado mantiene el control político de estructuras gubernamentales para garantizar su operación y rentabilidad, y cuando éstas no se doblegan a sus condiciones de poder fáctico, optan por desaparecerlas, en un país cuyo mayor flagelo en la pirámide delincuencial es la impunidad.
Hace veinte años, cuando el calderonismo padeció la muerte Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, advirtió que la lucha contra el narcotráfico estaba rebasada desde los marcos institucionales, legales y presupuestales; había -y existe- un gobierno desorganizado que no podía hacer frente a un crimen organizado que cooptaba estructuras policíacas, decisiones judiciales y ultimaba a quienes no claudicaban frente a su poder prácticamente absoluto.
El peñismo decidió mantener al Ejército en las calles para contener la ola criminal; sin embargo, subordinó las estructuras policíacas a la Secretaría de Gobernación. El desafío de la criminalidad creció, marcado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuya verdad histórica y jurídica, ha demostrado la protección de gobiernos locales a grupos criminales.
El obradorato bajó la guardia de las detenciones y los decomisos. Fortaleció la toma de decisiones del Ejército en el combate a la criminalidad. Y aunque ideológicamente se ocupó de separar al poder político del poder económico, la infiltración del poder fáctico -el criminal- con las estructuras policíacas y gubernamentales prevaleció en el espectro de estados y regiones controladas por el narcotráfico, y con esa herencia Claudia Sheinbaum asumió el poder.
El Estado Fallido prevalece por omisión, negligencia o convicción. En cada elección, en determinados estados y municipios, el crimen organizado decide sobre candidaturas a gubernaturas y alcaldías; operan abiertamente en jornadas electorales para favorecer sus intereses u obstaculizar a sus adversarios; su capacidad financiera le permita controlar estructuras policíacas; y su poderío armamentístico podría hacer frente a cualquier cuerpo policíaco.
En el pragmatismo institucional, parece que el crimen organizado ha logrado entender que forma parte del sistema político en determinadas regiones, y que su combate no se limita a la guerra abierta del calderonato, ni a la indiferencia u omisión del peñismo, ni a atender las causas como pregonaba el obradorato.
Se trata de cerrar la puerta para que las instituciones del Estado no se sometan al control criminal, porque no es posible combatir a la delincuencia, cuando quienes toman las decisiones son aliados de las estructuras criminales, ya sea por negocio, por pactos, por amenaza o por sobrevivencia.
El Estado Fallido preexiste, pero no tiene código postal asignado a un solo partido político. El Estado Fallido también prevalece en cada discurso político o electorero que pretende responsabilizar a gobiernos, partidos o dirigentes, cuando dentro de sus futuras candidaturas están los próximos cómplices de mantener esa dañina connivencia con el crimen organizado. Y son postulados sólo por pragmatismo electoral. El Estado Fallido lo abarca y lo contamina todo.
La tenebra
Alcaldes del Michoacanazo, regresaron al poder vestidos de priístas; y se reeligieron bajo las siglas de Morena.
