Francisco Ledesma / El corte de caja hacia la transformación
El quehacer gubernamental
es complejo; más allá de los desafíos o resultados de un gobierno de
alternancia política como el que se vivencia en el Estado de México desde hace
24 meses, lo que está por determinar, es qué tanto se ha podido avanzar en
romper las estructuras del poder político que fue una de las principales
promesas de la campaña de la entonces candidata Delfina Gómez.
Pensar que en menos de
dos años se podría abatir la delincuencia, reducir las brechas de desigualdad o
reinventar un estado que había sufrido o padecido la prevalencia de un mismo grupo
político -el de Atlacomulco- por casi cien años, sería realmente ingenuo,
inverosímil e imposible de alcanzar.
En todo ejercicio del
poder, es necesario entender que no basta con la mera voluntad política de un
gobernante para obtener resultados inmediatos. Tampoco es suficiente con la
implementación de políticas públicas que, en repetidas ocasiones requieren del
mediano y largo plazo para alcanzar objetivos y metas, siempre sujetos a una
evaluación discrecional. Y sobra decirlo, para un partido en el poder, no habrá
recursos presupuestales suficientes que permitan cubrir las necesidades más
apremiantes de las áreas del sector público.
Los indicadores que
puedan presentar los gobernantes, siempre tendrán una alta subjetividad, porque
parten del análisis de una realidad social, que obligadamente destacará lo
positivo, lo favorable. Aun cuando la crítica sea legítima, difícilmente habrá
un punto de encuentro y siempre habrá aspectos negativos o de retroceso, porque
el ejercicio del poder está sujeto al escrutinio público y a la disputa
política permanente. Esa es parte de la vida democrática.
Hacia el segundo año de
su mandato, el régimen morenista debe construir y robustecer una narrativa
sobre su avance de transformación. Hay dos aspectos que parecen sostenibles: un
distanciamiento de la gobernante en turno con el aparato partidista; y un
desmontaje de la parafernalia que envolvía al gobernador en funciones en cada
evento público o gira de trabajo.
También ha dado un paso
al frente, en el firme deseo -que todavía no resulta un hecho concreto- para combatir
el nepotismo en cargos de elección, pero que sería deseable que esto incidiera
en los puestos de responsabilidad política, para privilegiar la meritocracia
por encima de la dinastocracia. La ascendencia política y el ascenso
profesional debería estar sujeto a la preparación académica y evaluaciones del
encargo, por encima de componendas discrecionales.
En este quehacer público,
sin embargo, prevalecen grupos y pugnas internas -hoy ajenas a Atlacomulco y
cercanas a Texcoco-, que han derivado en disputas por el control del poder político,
el ejercicio presupuestal, la repartición de cuotas y parcelas de posiciones.
El corolario ha sido una distracción de recursos humanos, de tiempo y espacio,
para ampliar su margen de maniobra.
Otro aspecto, siempre
cuestionable, ha sido la incorporación o reclutamiento de las élites priístas
en el ejercicio del poder público, en el que se incluyen exgobernadores y
exdirigentes partidistas, lo que supondría la claudicación por la
transformación del régimen político; y por el contrario, la sensación de mantener
inercias negativas y la consolidación de pactos de impunidad.
Las resistencias están vigentes
porque las estructuras de poder marcan que es más sencillo administrar inercias
que romper esquemas, más cuando existe claridad sobre lo que se tiene que transformar,
pero prevalece la incertidumbre de cómo construir un nuevo entramado que sea
funcional para el aparato gubernamental que se pretende construir de cero.
La tenebra
¿Qué tanto habría
cambiado el ejercicio del poder público en caso de que hubiese ganado la
entonces priísta Alejandra del Moral?
