Francisco Ledesma / Un Tribunal bajo sospechosismo
El Tribunal de Justicia
Administrativa (Trijaem) es un eslabón responsable para castigar posibles actos
de corrupción cometidos por autoridades del poder público, instancia donde hoy
ha surgido la sospecha de un intento de desvío de recursos públicos por una
cifra superior a los 32 millones de pesos y que pone en duda la actuación de quienes
presiden este organismo autónomo.
Encabezados por Gerardo
Becker, un abogado afín al delmacismo, impulsado en las esferas del poder por el
grupo de los Rodrigos -Espeleta y Jarque-, se convirtió en magistrado del
Trijaem en el último sexenio priísta. Sus méritos personales no fue su experiencia
en órganos jurisdiccionales, su carta de presentación fue su buena relación con
las élites políticas delmacistas.
Hoy, la investigación
pesa sobre un exjefe de departamento a quien se imputa la responsabilidad de trasferir
32 millones de pesos sin el permiso de sus jefes superiores. Y aunque la suma
millonaria fue resarcida, el silencio permanente durante casi tres años, por
parte de la autoridad jurisdiccional permite advertir que hubo un intento de
desfalco con la anuencia de sus mandos superiores.
Durante los últimos años,
será difícil recordar para la memoria pública, algún caso en donde el Trijaem
haya resuelto un expediente sancionador en contra de autoridades mexiquenses
para castigar la corrupción de su clase gobernante.
En contraste, frente a
los vacíos de información, hoy el Trijaem es el protagonista de un posible acto
de corrupción cometido desde su interior. Mientras la figura de un jefe de
departamento ha sido expuesta como “chivo expiatorio” frente a una serie de trasferencias
bancarias millonarias que pasaron desapercibidas durante tres años para quienes
en su momento denunciaron el delito.
Es entendible, por
cuestiones del debito proceso judicial, que hay datos de confidencialidad que
el Trijaem no puede publicitar. Sin embargo, la falta de un posicionamiento
institucional y la omisión constante de Gerardo Becker también resultan
inadmisibles en tiempos políticos que requieren de apertura, transparencia, rendición
de cuentas y combate a la corrupción.
Más allá de las
investigaciones en curso, se vuelve a lastimar a las instituciones cuando éstas
carecen de credibilidad. Más cuando se trata de aquellas responsables de
combatir la corrupción y resultan infestadas por sus propios funcionarios en
actos indebidos en el manejo de recursos públicos. En otros tiempos, muy
probablemente, Gerardo Becker ya habría presentado su renuncia para no
entorpecer las investigaciones. Y aunque su impunidad estaría garantizada, el
castigo habría sido la defenestración pública. Hoy no pasa nada.
Son tiempos oscuros
donde se asume que la comunicación política está resuelta desde las redes
sociales y las plataformas políticas. Las instituciones públicas y sus ocupantes
están poco acostumbrados a la crítica y al cuestionamiento público. Les resulta
incómodo y amenazante para la prevalencia de sus privilegios. Apuestan a la
desmemoria y a la inmediatez del timeline y el engagement para
escabullirse de los escándalos mediáticos.
Hoy el Tribunal de Justicia
Administrativa ha ocupado las primeras planas de los diarios y las notas principales
de medios digitales, pero no por su labor en combatir la corrupción, sino
porque existe la sospecha de que la fomenta desde sus entrañas, y existe la
posibilidad de encubrirla para protección de sus altos mandos. Mientras castiga
al último eslabón para librarse de cualquier castigo, ya sea penal o mediático.
La tenebra
Qué tal ver al fandom de
Eréndira en la UAEMex, esos que usaban hashtag y corazones coreanos, hoy en sus
fotos de perfil ya con la rectora en turno. Tienen estos principios, pero si no
les gustan a sus jefes, también tienen estos otros. No Es Casualidad.
