Redacción
Toluca, Edomex, 11 de agosto del 2025.- La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México otorgó amnistía a una mujer mazahua de 66 años que había sido sentenciada a ocho años y nueve meses de prisión sentenciada por el delito de homicidio.
Durante la primera sesión extraordinaria de la Sala de Asuntos indígenas, el presidente de esta instancia, Arturo Márzquez, relató que durante el proceso judicial que se le instruyó a esta mujer originaria de la comunidad de Los Hoyos, de Villa de Allende, no se le garantizó un intérprete ni se consideró su origen indígena.
Además, dijo, se detectaron inconsistencias en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, motivo por el cual se le concedió la amnistía y se decretó su inmediata libertad, del penal de Santiaguito, donde fue recluida desde hace tres años con siete meses.
Las magistradas Verónica Carrillo Carrillo, Érika Icela Castillo Vega, María Ledit Becerril García, el magistrado Lorenzo René Díaz Manjarrez y el propio Márquez González resolvieron que la mujer mazahua reunía los requisitos para extinguir la pena y se ordenó su inmediata libertad.
“Esta resolución demuestra lo que debe ser una justicia verdaderamente accesible y comprometida con los sectores más vulnerables. Hemos puesto a las personas en el centro, escuchando y construyendo de manera conjunta, con transparencia y rendición de cuentas”, afirmó, Fernando Díaz Juárez, presidente del Poder Judicial estatal, quien recalcó que con el trabajo de la Sala de Asuntos indígenas se busca dar una perspectiva intercultural al acceso a la justicia, y garantizar la formación de traductores en lenguas originarias, que puedan participar en procesos judiciales.
A su vez, la ministra Yazmín Esquivel Mossa, presente en la sesión de la Sala de Asuntos Indígenas, celebró la amnistía como un acto de reparación y un modelo ejemplar del Estado de México para garantizar justicia a personas en situación de vulnerabilidad.
Advirtió que, pese a los avances legales, los derechos de los pueblos originarios siguen siendo más una declaración que una realidad, e instó a convertirlos en acciones efectivas. Reconoció la colaboración de los tres poderes y consideró que este esfuerzo contribuye a saldar la deuda con las comunidades indígenas y afromexicanos.
La presidenta de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Myrna García Morón, calificó el acto como precedente histórico para el acceso a una justicia intercultural y con perspectiva de género. Señaló que es el inicio de un modelo donde la justicia sea un derecho común, y reconoció el trabajo interinstitucional que ha permitido beneficiar a 20 personas -siete de ellas indígenas- mediante la Ley de Amnistía, perdonando más de 409 años de prisión.
