Redacción
Toluca, Edomex. 24 de junio del 2025.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron, este martes, una orden de aprehensión en contra de Selene Hernández Herrera, alcaldesa con licencia de Capulhuac, acusada de haber agredido físicamente a una empleada del DIF municipal en mayo pasado.
La captura se logró luego de un acto público que la edil con licencia encabezó en la comunidad de San Miguel Almaya, donde se refugió desde principios de junio, y donde despachaba sin consentimiento del resto del cabildo de Capulhuac.
A principios de mayo, Selene Hernández fue denunciada por un psicóloga del DIF municipal, identificada como Miriam, quien la acusó de haberla golpeado y agredido física y verbalmente en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
La población reprobó el actuar de la alcaldesa y exigió su salida. Orillada por la presión social y política del partido que la postuló (PT), Selene Hernández pidió licencia por 90 días para enfrentar la acusación.
El cabildo nombró a Sara Arellano Hernández como presidenta municipal por ministerio de ley, sin embargo a principios de junio Selene Hernández regresó al palacio municipal exigiendo ocupar el cargo para el cual fue electa, pero un grupo de regidores se lo impidió. Fue entonces que decidió irse a despachar a la Casa de Cultura y desde ahí convocaba a sesiones de cabildo, con regidores afines y el secretario del Ayuntamiento.
A partir de ahí se desató una disputa por el control del ayuntamiento. Selene Hernández se apropió de las cuentas oficiales de redes sociales y desde ahí transmitía eventos públicos y sesiones de cabildo con regidores afines.
Horas antes de la detención de Selene Hernández, la presidenta municipal por ministerio de ley, Sara Arellano subió un mensaje a redes sociales en la que señaló que la alcaldesa electa había “secuestrado las cuentas oficiales del municipio en redes sociales” y señaló que ella y un grupo de regidores solicitaron formalmente al Congreso del estado, que la suspenda definitivamente del cargo aun cuando el Poder Legislativo no tiene atribuciones para ello.