Redacción
Este martes se cumplen cinco años de los hechos violentos suscitados en San Salvador Atenco, cuya trifulca derivó en cerca de 207 detenidos, cientos de lesionados, decenas de mujeres vejadas sexualmente y dos muertes que permanecen impunes, frente a la omisión y lentitud en las investigaciones que emprendieron las autoridades del Estado de México.
Hace ya un lustro, una decena de floristas se disponían a vender sus productos en calles de Texcoco, situación que se les impidió por parte de elementos de la Policía Estatal. Los hechos tuvieron como corolario un enfrentamiento entre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra con efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva.
En los acontecimientos murieron dos jóvenes. Javier Cortés falleció por impacto de arma de fuego, calibre 8 milímetros, similar al que usa la policía estatal que negó la utilización de armamento durante el operativo, aunque hubo fotografías que desmintieron la versión oficial. Y Alexis Benhumea, fue herido en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno que fue lanzada por la policía durante dichos acontecimientos.
Al día siguiente del enfrentamiento, la Policía Estatal a cargo de Wilfrido Robledo -que recién renunció a la Agencia Federal de Investigación-, efectuó un operativo para detener a los presuntos participantes de la trifulca del 3 de mayo. Catearon domicilios sin ordenes judiciales, y capturaron a hombres y mujeres que ni siquiera habían estado en Atenco el día anterior.
Durante el traslado de San Salvador Atenco a la cárcel estatal de Almoloya de Juárez, decenas de mujeres fueron víctimas de vejaciones sexuales por parte de elementos policíacos. Las denuncias nunca prosperaron bajo el argumento de que las demandantes no identificaron a sus agresores.
En contraste, cerca de 190 personas detenidas debieron ser liberados a la semana de su detención, acusados de ataques a las vías de comunicación y alcanzar su libertad bajo fianza. El resto, debió enfrentar un proceso judicial más amplio, por el delito de secuestro equiparado, entre ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, trasladados la Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Casi un año después, el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencias condenatorias para los líderes del movimiento de Atenco por 112 años de prisión. A partir de ahí, devino una larga defensa judicial, bajo el amparo de que los detenidos eran presos políticos. Los abogados del movimiento, y familiares de los acusados, reiteraron una y otra vez que se trataba de «presos políticos».
Tras una larga espera, fue el 30 de junio del año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles
, además de que utilizó pruebas ilícitas
para imputarles el delito de secuestro equiparado.
En el recuento de daños, el gobernador Enrique Peña Nieto tiene en el caso de Atenco el expediente más oscuro de su administración, derivado de los abusos policíacos cometidos en agravio del movimiento social.
A partir de ahí, las organizaciones de izquierda montaron una campaña en su contra por considerarlo un gobernante represor, quien criminalizó la protesta social, sembró pruebas en las acusaciones hechas a los líderes de Atenco.
Mientras que las acusaciones que pesan en contra de mandos medios y superiores de la policía estatal por ordenar un operativo de magnitudes autoritarias no fueron siquiera procesados por autoridades administrativas o penales.
