Si la ruta criminal que azota al Estado de México sigue la misma lógica que en otras entidades, estamos muy cerca de que surjan los grupos de autodefensa mexiquenses. Bajo el hartazgo de la presencia delincuencial y la inoperancia de la autoridad, parece muy próximo el escenario para que la sociedad civil tome las armas, y busque hacer justicia por su propia mano. Autoridades policíacas y ministeriales están cruzadas de brazos mientras el estado colapsa a pedazos.
El año pasado, fueron recurrentes las marchas contra la delincuencia en diversas partes del estado. Algunas auspiciadas por partidos de oposición, otras más por la Iglesia Católica. Lo que sigue la regla es la desesperanza de la población, y el temor que se respira en la vía pública. Asesinatos, secuestros, robos, y una larga lista de delitos que van en un incremento inusitado y preocupante. Los municipios y el estado no plantean hasta ahora una estrategia para su combate.
En esa misma lógica, no fueron pocos los casos en que la población pretendió linchar a presuntos delincuentes. La ley del ojo por ojo y diente por diente, frente a la negligencia institucional de dotar de justicia. Y en otros tantos, la turba de la población que enardecida causó destrozos en mobiliario de policías municipales que actuaron con abuso de autoridad, o que fueron omisos ante actos delictivos. El Estado de México está sostenido con alfileres.
En algunas regiones de la entidad, parece asemejarse al vacío de poder al que hizo ayer referencia Alfredo Castillo para justificar la situación en Michoacán. El Estado de México padece de un abandono en regiones donde prolifera el hacinamiento poblacional, la falta de espacios educativos, la carencia de actividades recreativas, lo que se vuelve un escenario propicio para la delincuencia organizada y sus fines de ampliar su influencia. Preocupante.
El Procurador de Justicia, Miguel Ángel Contreras Nieto simplemente administra la inercia. A pesar de su amplia trayectoria en el tema de la seguridad, sólo llegó a hacer curriculum, porque la procuraduría mexiquense adolece de las mismas debilidades de cuando anunció una reestructuración. Las carpetas de investigación se apilan con la misma velocidad que aparecen ejecutados, pero sus avances son muy lentos, y de sus conclusiones se sabe muy poco.
Rocío Alonso, la titular de Seguridad Pública, sólo recibe órdenes superiores. No tiene libertad para ejecutar operativos o diseñar políticas públicas. Es un cartucho quemado antes de tiempo. Su nombramiento fue emergente, y eso se nota en la marginación de su persona sobre las decisiones que trascienden. Muy lamentable su desgaste político en su primer cargo de relevancia. Asumirá el costo del cargo, pero sin una respuesta efectiva para el reto que tiene enfrente.