Hace no pocas semanas, habíamos puntualizado en este espacio, se tenía una profunda preocupación en las esferas de seguridad –la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia- derivado del clima de violencia que se ha acentuado en el Valle de Toluca. La presencia del crimen organizado resulta innegable mientras que su lacerante operación es impredecible. La cifra de ejecuciones es preocupante e inocultable. A partir del sábado, la alarma se intensificó tras el encarcelamiento de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Almoloya de Juárez.
Nadie olvida que entre 2001 y 2006, las ejecuciones comenzaron a ser aisladas pero una realidad en el Valle de Toluca, casi todas vinculadas con asesinatos de abogados de narcotraficantes recluidos en Almoloya de Juárez. Las autoridades federales y estatales, reconocieron entonces que en zonas residenciales de Metepec, se comenzaron a asentar familiares de los presos en la cárcel federal donde el sábado fue recluido “El Chapo” Guzmán por segunda ocasión. Es decir, gran parte de la violencia que hoy se vive derivó de la prisión federal.
Para las autoridades estatales no resulta fácil contar como nuevo residente en el penal del Altiplano con uno de los criminales más peligrosos, sanguinarios y poderosos del orbe. Es claro que la restructuración del Cártel de Sinaloa traerá consigo mayor violencia, y el Estado de México puede ser un territorio de encarnizada lucha. La cárcel federal volverá al centro de atención, no sólo para autoridades mexicanas sino internacionales, para evitar una eventual, inexplicable e inaceptable evasión de la justicia del capo de capos.
La entidad mexiquense, está comprobado no es punto de trasiego, pero sí de producción y consumo de enervantes. Aquí operan la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, y el Cártel de Sinaloa, que ayer lanzó advertencias sobre acciones próximas para recuperar la plaza de Cuautitlán Izcalli. Es tan preocupante el problema y tan omisa parece la autoridad que debieran seguir la premisa de Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”. Cuestión de tiempo.
A pesar de que Jesús Murillo Karam encabezó la conferencia de prensa del pasado sábado, el gran mérito de la detención de Guzmán Loera fue de la Marina Armada. La Procuraduría General de la República sólo se encuentra administrando la inercia, procesando a los detenidos pero muy ausente de la facultad investigadora o de trabajos de inteligencia. Las labores contra el crimen organizado se asientan entre marinos y militares. La ecuación está clara.
Esta semana se cumple un año de la detención de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, uno de los grandes logros de la administración de Enrique Peña que prevalece en el imaginario colectivo. Gordillo permanece encarcelada en el Distrito Federal. A un año de distancia, se logró la captura de Joaquín Guzmán, y muchos esperan que en próximos días pudiera darse la detención de Gastón Azcárraga, el empresario que defraudó y causó la quiebra de Mexicana de Aviación. Buscará dar golpe de tres bandas –criminales-.
