La Procuraduría de Justicia del Estado de México confirmó el ejercicio de la acción penal en contra de tres comandantes de igual número de policías municipales. Se trata de Paulino Tule González, subdirector de la Policía Municipal de Valle Bravo; León Tule González, director de la Policía Municipal de Donato Guerra, y Raúl Gómez Gómez, director de Seguridad Pública Municipal de Santo Tomás. La indagatoria apenas es el inicio de un asunto de mayores dimensiones.
Los tres mandos policiacos habrían incurrido en comportamientos contrarios a sus cargos, por lo que fueron presentados ante un juez. Los servidores públicos fueron ingresados a la cárcel estatal de Valle Bravo, donde se determinará su situación jurídica. Es una llamada de atención para que otras corporaciones se conduzcan por buen camino e enmienden sus actos. Lo importante es, insistimos, que la indagatoria sea firme para que no salgan libres y absueltos.
Al gobierno eruvielista le urge dar “campanadas” en materia de seguridad para abatir la imagen de un estado inseguro, impune y coludido con el crimen. Por ahora le sigue salvando la penosa circunstancia que ocurre en Michoacán. La opinión pública está muy atenta al clima michoacano, y eso posibilita que las acciones que ocurren en el Estado de México pasen desapercibida. Lo cierto es que la suma de 37 ejecuciones no ayuda a la tranquilidad del estado.
Primero fue Izcalli y luego Tlalnepantla. Las policías municipales están vinculadas al crimen organizado. Los alcaldes están temerosos de la capacidad de infiltración. El dinero del narco es inconmensurable y compra conciencias muy por encima de la capacidad financiera de cualquier presupuesto público. Esa es la magnitud de un problema que tiene entrampado a fuerzas de seguridad pública. Los alcaldes prefieren ser omisos y negligentes a eficientes y actuantes.
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En medio del nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado en Michoacán, o gobernador de facto para algunos, fue desapercibida la designación de Pedro Luis Benítez Vélez como encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Pedro Benítez fungió como fiscal especial de la trata de personas en la procuraduría de justicia mexiquense, en la gestión del propio Castillo. Originario de Morelos se ha vuelto cercano al peñismo.
Ya en este gobierno, Benítez Vélez fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal y responsable de la investigación en el evento de la Torre de Pemex en enero de 2013. Hasta ahora no se ha ratificado en el cargo, pero más mexiquenses en la banca sueñan con hacerse de un cargo en el gabinete peñista de la administración pública federal.