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OFF THE RECORD

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar. Tras el escándalo suscitado en Veracruz, donde funcionarios federales y estatales fueron exhibidos de  pretender el uso electorero de sus programas sociales, en la entidad se espera la andanada en contra del priìsmo mexiquense y la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Muy bueno sería que Fernando Alberto García Cuevas –delegado de la Sedesol en el estado- comenzará a blindarse a sí mismo, y quienes lo acompañan en su oficina.

García Cuevas, es indudablemente, un operador político de toda la vida. Fue durante el mandato de Montiel y la elección de gobernador de Enrique Peña, el representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México. Es además tío político de Raúl Domínguez Rex, actual presidente estatal del PRI. Ambos vinculados a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). El delegado de Rosario Robles en la entidad, es un priísta de cepa.

Para el Estado de México, el asunto del uso electorero de programas sociales no debiera ser novedad. Que nadie olvide lo ocurrido en la elección de Eruviel Ávila, en el nada lejano 2011, cuando fue evidenciado Bernardo García Cisneros –ex consejero electoral y entonces funcionario estatal- quien diseñaba una maquinaria electoral sustentada en el reparto de apoyos asistenciales, en las zonas de  mayor pobreza en el estado. Todo quedó en simple anecdotario.

En esa misma elección, se comprobó que la entonces alcaldesa de Tenancingo, Tanya Rellstab repartía despensas en la víspera de la elección de gobernador para favorecer la votación eruvielista. Al paso de los meses, Rellstab fue premiada con una diputación federal, sin que existiera sobre ella un proceso por los delitos electorales imputados. No bastó con que panistas y perredistas se inconformaran, y lo que prevaleció fue la impunidad, frente a la sospecha del delito.

Lo que no debiera sorprender es a los políticos de oposición. Bien sabido está, que no hay partido político que se exente de lucrar con la pobreza, de coaccionar el voto, de comprar voluntades y de hacer de cada elección un manual de las peores prácticas para ganar con trampa en las urnas. PRI, PAN y PRD por igual, cuando han tenido el poder, han hecho de los programas sociales, la herramienta de movilizar su llamado voto duro.

Lo peor es que la autoridad electoral siempre ha sido omisa. Por más candados impuestos en la ley electoral, los partidos y sus candidatos encuentran las formas de darle la vuelta. Los consejeros electorales, saben de esas prácticas, no hacen mucho por evitarlas, y parece que no hacen absolutamente nada para castigarlas. Esa es la democracia prevaleciente en el país, mientras en el discurso, unos y otros se lanzan acusaciones.