Parece muy poco serio confrontar al crimen organizado con las designaciones hechas en los últimos días por los gobiernos federal y estatal. Por un lado, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arribó José Ramón Martel. Mientras que en su homólogo en la entidad se designó a Jaime Efraín Hernández. La característica en común es la inexperiencia de ambos en la materia, la más específica y compleja que tiene de frente el país y el estado.
Las ejecuciones del Estado de México, que contabilizan 25 homicidios en un periodo de 72 horas, reflejan la improvisación en los ámbitos policíacos, la incapacidad para controlar la denominada lucha por la plaza, y por supuesto, la infiltración del crimen organizado en las policías locales. El asunto que debiera ser urgente, se minimiza porque ya se investiga, porque es parte del entramado de la entidad, y se ha perdido la capacidad de asombro.
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Alejandro Olivares Monterrubio –ex alcalde y ex diputado federal y local originario de Santiago Tianguistenco- alcanzó a meterse al gabinete federal. Desde ayer, se coló y fue designado como director comercial de Liconsa, dentro de la estructura que encabeza el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga. Apenas en las elecciones pasadas, Olivares fue uno de los operadores electorales de Gustavo Cárdenas Monroy en los desastrosos resultados que obtuvo el príismo en el Distrito Federal. Pese a todo alcanzó premio.
El reparto de cargos entre mexiquenses que se siguen sumando al gabinete de Enrique Peña parece una feria del empleo. Ex secretarios, ex diputados y ex alcaldes durante el peñismo en la entidad, continúan en la ocupación de espacios a nivel federal. El resto del priísmo nacional parece mero espectador en el reparto del poder que ejerce el Presidente de México entre la clase política mexiquense, altamente beneficiada con su arribo a Los Pinos.
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El asunto de Wal Mart construido en Teotihuacan podría reventarle al gobierno del Estado de México como se ha insistido en este espacio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, citó a comparecer al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo García, para que explique de manera detallada las autorizaciones otorgadas a dicho consorcio comercial. Los legisladores plantean investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios públicos por este escabroso asunto.
La sospecha es la existencia de un presunto soborno de 45 mil dólares para el director del INAH en aquel entonces. En México la compañía cuenta con el 54 por ciento del mercado, al ser dueña de las tiendas Bodega Aurrera, Superama, Suburbia, los restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi, así como de los almacenes Sam’s Club y Wal-Mart. Se trata pues de un consorcio con un alto poder sobre consumidores, proveedores, productores y políticos.