Patricia Grimaldo, asesina confesa del diputado local priísta Jaime Serrano, obtuvo su libertad provisional tras pagar una fianza por la reparación del daño. Sólo permaneció 174 días encarcelada, tiempo suficiente para que la homicida pudiera salir de prisión. La explicación jurídica del atípico caso, se enmarca en que se trató de un homicidio atenuado, derivado de una riña entre Grimaldo y el entonces legislador local por Neza. La familia de Serrano se encuentra indignada frente al procedimiento.
No hay que olvidar, que tanto fue el escándalo por el asesinato de Serrano –muy cercano por cierto a Eruviel Ávila-, que de inmediato se solicitó la intervención del Ejército Mexicano para atender la incidencia delictiva en Nezahualcóyotl. Descubierto el móvil sentimental del homicidio, se retiró semanas más tarde el patrullaje militar. Pero hoy, a meses de distancia pocos dudan que se haya justicia para el legislador, y mucho menos que se haya recuperado la tranquilidad de la ciudad.
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Los diputados locales del Estado de México disponen de los órganos autónomos de tal forma que atropellan su independencia. Personajes identificados con los partidos políticos, arriban sin menoscabo, a cargos que debieran exigir imparcialidad. Desde ayer, el panista Juan Salvador Ventura Hernández Flores se convirtió en consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Sin recato, el delfín político de Ulises Ramírez será árbitro de las contiendas electorales futuras.
Como un pago de favores, la bancada panista –que coordina el propio Ramírez- avaló las propuestas priístas de Eva Abaid Yapur y Josefina Román Vergara, como consejeras del Instituto de Información Pública del estado. Ambas son ex funcionarias de la secretaría de finanzas. Las cartas fueron proyectadas por el priísmo, con el aval de Eruviel Ávila, para calificar las tareas de transparencia de su gobierno. Poco se puede esperar, de quienes avizoran en el Infoem un escalón político y no un proyecto institucional.
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Preocupante lo ocurrido en Chiconautla, municipio de Ecatepec y tierra natal del gobernador. El intento de linchamiento pone al descubierto la exacerbación social frente a la impunidad. Las consecuencias aún inconmensurables. Pobladores que cerraron la carretera que conecta Ecatepec con Tecámac. El Mexibús obligado a suspender funcionamiento. Y cientos de habitantes impedidos de la movilidad urbana que su vida cotidiana les exige.
Es un despropósito cerrar los ojos. La autoridad estatal sigue actuando de forma reactiva y no proactiva, mucho menos preventiva. Niega los hechos hasta que el agua llega al cuello. Ocupada en replicar lo que diga o proponga Peña Nieto. Pero muy dispersa en su plan de gobierno. Al principio era crítica, hoy entre la opinión pública ya suena a preocupación.