Nadie sabe a bien el origen político de Javier García Bejos, nuevo secretario del Trabajo en la entidad. García Bejos llegó al Estado de México por recomendación de Alfredo Miguel Affif, dueño de Compañía Inversora Corporativa. En esa empresa, Javier García fungió como director corporativo, una holding que incluye servicios aéreos. Miguel Affif fue asociado de Sacsa, propietaria a su vez del 26 por ciento de las acciones del Aeropuerto en Toluca.
Desde 2002, Alfredo Miguel Afif fue denunciado en México por evasión fiscal. Se le acusó de formar parte de un fraude de 127 millones de dólares por un acuerdo conciliatorio entre Pemex y su empresa Productos Ecológicos. En 2008 se cancelaron órdenes de aprehensión en contra de Alfredo Miguel Afif y su hermano Javier. El “perdón” fue obtenido tras el pago de 140 millones de pesos con el SAT. Una de las personas que en ese momento solicitó a Hacienda la eliminación de las órdenes de captura fue Alfredo Miguel Bejos –quien coincide en apellidos con Javier García-, entonces accionista de Sacsa.
La carrera política de Javier García resulta incipiente. Apenas piso cargos menores en la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En la entidad, fue director general del Aeropuerto Internacional de Toluca. Desde el jueves, despacha la política laboral del estado. Y nadie descarta que otra oleada de cambios viniera en los próximos días.
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Luis Miranda Nava sigue siendo un personero político muy cercano a Enrique Peña. Hace ya cuatro años, Miranda fungía como secretario general de gobierno, y firmó entonces un pacto en calidad de testigo, que prohibía al PAN hacer alianzas electorales en la entidad para 2011. El escándalo escaló inusitadamente, y Miranda fue entonces visto como un operador político de tratos en lo “oscurito”. Hoy las cosas no han cambiado.
El mismo Miranda Nava, signó un convenio la semana pasada, ahora para autorizar un esquema de pago de pensiones vitalicias a trabajadores del SME. La pensión se aplicaría para mil 400 empleados de 16 mil que no han sido liquidados de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Cada pensionado percibirá mensualmente cerca de 15 mil pesos. Del otro lado del escritorio firmó Martín Esparza, el dirigente sindical del SME. Miranda sigue ahí.
Miranda es quien ha llevado en su mayoría las negociaciones con la CNTE. Aunque todavía no logra el cometido de regresarlos a las aulas, fue Luis quien operó el desalojo de la disidencia magisterial previo al Grito de Independencia. Miranda entiende que despacha desde Bucareli para defender el prestigio de Peña. Sabe que lo suyo no son las elecciones, sino su maniobra política. El costo político lo asumirá el resto del sexenio.
