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OFF THE RECORD

El pasado mes de mayo, el municipio de Ecatepec registró 23 ejecuciones relacionadas con la denominada lucha por la plaza, entre grupos del crimen organizado. La abultada cifra en escasos 31 días, equipara la situación, a la incertidumbre que priva entre la opinión pública del Distrito Federal. El asunto del narcomenudeo ha permeado, y se establece que el problema se ha dejado crecer, sin una respuesta firme por parte de las autoridades.

No sólo eso, entre enero y marzo, en Ecatepec se reportaron 73 mil 748 ilícitos de todo tipo. Otra vez bajo el argumento de ser el municipio más poblado de la entidad, pero las cifras lo han colocado como el de mayor incidencia delictiva. Las acciones disuasivas que emprenden los cuerpos policíacos son inútiles. No hay duda, tampoco, de la necesaria infiltración de células delincuenciales entre las corporaciones de seguridad.

Aprovechando un tema tan delicado, los perredistas no pierden el tiempo, ni el lucro político de la preocupación social. La diputada Xóchitl Arzola y el ex alcalde, José Luis Gutiérrez Cureño, entre otros ofrecerán este miércoles una conferencia de prensa para lanzar culpas políticas pero lejos de soluciones reales. En el extremo, las autoridades priístas, se mantienen en la ignominia. Les parece normal y rutinaria la incidencia delictiva, y sus muy lamentables consecuencias.

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A propósito del complejo problema delictivo, la ejecución de recursos del Subsidio de Seguridad Pública avanza muy lento. Las reglas de operación siguen burocratizadas. A seis meses de iniciado el año, los Ayuntamientos están imposibilitados de arrancar programas de capacitación, diagnóstico y acción contra la delincuencia. El resultado, como en años anteriores, serán proyectos atropellados, mal planeados y poco estructurados, en razón de aplicar los recursos, cuando finalmente se liberen, y evitar subejercicios.

La gran incógnita, además, es cuántos de los actuales directores de seguridad pública municipal tienen el perfil profesional para desarrollar su tarea. Muchos todavía no han pasado siquiera por la prueba de control de confianza, que incluye la aplicación del polígrafo. El asunto de combate a la delincuencia, parte de la agenda común en campañas electorales, se soslaya por los gobernantes, por miedo, incapacidad o desconocimiento.

Por si fuera poco, hasta la fecha la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha otorgado un balance sobre la operación del llamado Mando Único. Demasiada fue la presión política, para que los ayuntamientos entregaran el mando de sus policías al gobierno estatal, pero casi nada se ha sabido de su estrategia, su éxito o rotundo fracaso. Los eventos sólo se engalanan para la foto y la promoción pública. Pero, ¿y la rendición de cuentas, cuándo?